En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación, confirmó la destitución e inhabilidad por 18 años en contra de siete cabildantes del municipio de Yopal, Casanare, quienes habrían forzado amenazas contra la vida e integridad de otros dos cabildantes.

La sanción del Ministerio Público afecta a Oromairo Avella Ballesteros, José Reinaldo Pérez Piragauta, Luis Carlos Pérez Barrera, Rafael Ernesto González Peña, Alejandro Barragán Unda, Germán Orozco Barrera y Rafael Castro Buitrago.

De acuerdo con el ente investigador, los cabildantes fueron sancionados al encontrar pruebas suficientes que señalan su responsabilidad en las amenazas e intimidaciones a los concejales Gladys Amparo Sanabria Gutiérrez y Cristóbal Torres Pérez, para que mediante videos se autoincriminaran e incriminaran a miembros de la administración municipal de Yopal en una serie de negociaciones indebidas que involucraban procesos contractuales de la Alcaldía y de la empresa de acueducto y alcantarillado, obligándolos además a la firma de las respectivas cartas de renuncia y letras de cambio.

Los hechos que fueron presentados en el mes de abril de 2009, se llevaron a cabo en la residencia de Luis Carlos Pérez, donde se ejercieron dichas amenazas para que se garantizaran la votación de los proyectos de acuerdo municipal en la forma como los imputados lo decidieran.

La falta fue calificada como gravísima por estar contenida en el artículo 48 de la Ley 734 de 2002, por encuadrar en el comportamiento imputado en el delito de violencia contra servidor público, de conformidad al artículo 429 del Código Penal – Ley 599 de 2000. La conducta de los disciplinados les fue imputada a título de dolo.

Contra de la decisión no procede recurso alguno, encontrándose agotada la vía gubernativa.