En la sala de audiencias Antonio Nariño en el cuarto piso del edificio de la Procuraduría en Bogotá, se llevó a cabo este martes la audiencia pública contra el Gobernador Nelson Ricardo Mariño Velandia, en su calidad de gobernador del departamento del Casanare, investigado por la suscripción de un convenio de asociación con la Caja de Compensación Familiar de Casanare para garantizar el servicio de restaurante escolar a 62.895 estudiantes del Casanare para la ampliación y la sostenibilidad de la prestación del servicio educativo.

La defensa del Gobernador, Gustavo Quintero, argumentó que se respondió a una necesidad urgente de darles asistencia a los niños del departamento, igualmente leyó los estatutos de la Caja de Compensación Familiar de Casanare, que le permitirían a esa entidad suscribir esta clase de convenios, además solicitó que sea citado el gerente de Comfacasanare Gustavo Ayala, para que justifique la legalidad del convenio.

Quintero afirmó que el viceministerio de educación, conoció del tema en su momento avalándolo tácitamente y de cara a la opinión pública.

Sobre los 1200 millones de pesos faltantes, citados por la Procuraduría, el apoderado reiteró que se utilizaron en la legalización del contrato, pago de estampillas, etc.

El apoderado señaló que se presentan inconsistencias en el proceso de la Procuraduría.

El apoderado del gobernador reprochó la actuación del Ministerio Público porque aún no tiene claro cual es la falta en la que supuestamente ha incurrido el mandatario seccional.

Reiteró el abogado Gustavo Quintero que el tema de los restaurantes escolares obedece al cumplimiento de un compromiso con el gobierno nacional, a través del viceministro de educación en la mesa de concertación.

Durante la mayoría del tiempo de la diligencia hizo uso de la palabra el abogado defensor, mientras el Gobernador Mariño permaneció atento pero con pocas intervenciones.

A la una de la tarde se dio un receso para el almuerzo, pero la audiencia continuó en la tarde.

El apoderado del Gobernador Mariño solicitó la práctica de una serie de pruebas y citación de testigos que soporten su argumentación, por lo que la audiencia continuara el lunes 29 de octubre a partir de las 8:30 de la mañana, mientras el 30 una auditoria de la Procuraduría visitará la sede de Comfacasanare para verificar si era idónea para realizar este tipo de convenios.

9 testigos darán su testimonio el próximo lunes ante la Procuraduría en Bogotá. El abogado solicitó la práctica de pruebas testimoniales dentro del proceso, por lo que se escuchará la versión de la Secretaria de Educación, Lilia María Vega; al Secretario de Gobierno, Miguel Zárate Parada; al Secretario General de la Gobernación, Gabriel Barreto Menéndez, al Jefe de y Comunicaciones, Juan Carlos Niño; al Director de Cobertura de la Secretaría de Educación, Gerardo Ángel Camargo; al Asesor Jurídico de la Gobernación, Gustavo Lara; al Asesor Jairo Andrés Useche y al interventor del convenio, Robinson Rincón Rodríguez.

El Gobernador Nelson Mariño, al salir de la diligencia, ratifico que sigue tranquilo sobre la claridad de sus actos y que tiene fe en la transparencia de la Procuraduría y que con la actuación de los testigos citados para la semana entrante salga avante de este proceso.

La semana anterior la Procuraduría leyó los cargos disciplinarios formulados con ocasión del citado convenio que comprometía recursos públicos por un valor superior a los 17 mil millones de pesos, el cual habría suscrito mediante contratación directa, utilizando la figura del convenio de cooperación con lo cual se habría eludido el proceso licitatorio correspondiente. En atención a lo solicitado por el abogado defensor, la Procuraduría suspendió la audiencia pública.

El primer vuelo de LAN del martes iba lleno de concejales, diputados, periodistas y seguidores del Gobernador, que viajaron para acompañar al Gobernador en la diligencia ante la Procuraduría, ya allí se dificultó el ingreso, por la cantidad de personas que llegaron hasta la sede de la Procuraduría.