TRIBUNAL DE CASANARE DEBERÁ DEFINIR ANTES DE 10 DÍAS LA SUERTE DEL PARO JUDICIAL
En la foto: Magistrado Pedro Pablo Torres Beltrán - Presidente Tribunal Superior de Casanare
La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dijo que antes de 10 días el Tribunal de Casanare debe definir si declara ilegal el paro nacional de trabajadores de la Rama Judicial e insistió en que la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura no deben pagar sueldos a los funcionarios en cese de actividades.
“Según la ley no debería tomarse mas de 10 días. La ilegalidad del paro se solicita ante los jueces de la republica, concretamente ante un tribunal que conoce en primera instancia del tema y luego de ese mismo conoce en segunda instancia conoce la Corte Suprema de Justicia”, indicó.
De otro lado, la funcionaria reiteró que los trabajadores judiciales, que completan más de 20 días de cese de actividades, no deberían recibir remuneración salarial.
“En relación con el no pago de salarios, ello independiente de la legalidad e ilegalidad del paro, el derecho a hacer un paro es un derecho sindical cuando no se trata de un servicio público esencial como se trata del servicio de justicia pero aparte está el derecho a salario. Solo el que trabaja tiene derecho a remuneración", dijo.
Recalcó que “no debe haber pago de salario. Quiero que tengan claro que el que hace el pago no es el Gobierno Nacional sino directamente la Fiscalía o el Consejo Superior de la judicatura”.
La Ministra Correa indicó que no se ha analizado ninguna medida si se modifica la vacancia judicial que debe iniciarse el 20 de diciembre.
Aunque se había intentando hacer este trámite ante el Tribunal de Cartagena, la documentación no fue recibida. Será ahora el Tribunal del Casanare el que decida la ilegalidad del paro judicial que ya completa 23 días.
La demanda contra Asonal y el Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía, fue radicada ante el Tribunal Superior de Casanare, por el abogado Eleazar Falla López, en representación del Ministerio del Trabajo, y por reparto le correspondió al presidente del organismo Pablo Torres Beltrán.
También el procurador Alejandro Ordóñez se pronunció sobre lo urgente que es encontrar una pronta solución al paro.
Ordóñez hizo un llamado a Asonal y al Gobierno para concretar a la mayor brevedad los acuerdos que permitan normalizar el funcionamiento de la administración de justicia.
"Las consecuencias del paro judicial, luego de más de veinte días de cese de actividades, son cuantiosas en términos de vulneración de los derechos de los ciudadanos para acceder a la administración de justicia, demora en la solución de controversias y, como tercer efecto, perjuicios fiscales y presupuestales para la Nación", señala el Ministerio Público a través de un comunicado.
Precisa que "es urgente definir una fórmula de arreglo que concilie las aspiraciones de los servidores de la rama y las realidades presupuestales de la Nación para levantar el paro, cuyos efectos negativos recaen directamente sobre la sociedad".
Entre tanto la Contralora Sandra Morellí, afirmó que por afectar un servicio esencial y causar daño al patrimonio público, se debe declarar la ilegalidad del paro judicial promovido por Asonal y el sindicato de la Fiscalía.
Ante el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Laboral, Morelli radicó el documento, en el que solicita además que se conforme una comisión de verificación para la reanudación de actividades en los diferentes despachos judiciales. Esta comisión deberá presentar al tribunal de conocimiento un informe sobre el acatamiento de la orden impartida de reanudar la prestación del servicio.
A través de un comunicado, Morelli explicó que se basó en las competencias que le da la ley para ejercer, en representación de la comunidad, "la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o de las entidades que manejan fondos o bienes de la Nación". Indicó que con ocasión del paro judicial se ha visto seriamente afectado el país: "Tal situación ha generado distorsiones en cuanto a la eficiente, económica y equitativa administración del patrimonio público".
El Gobierno ofreció para la nivelación 1 billón 220.000 millones de pesos, que serían pagados en 5 años. Arrancarían a partir del 2013, con 120 mil millones para la Rama, y 20 mil millones para la Fiscalía. Asonal se negó e insistió en que la nivelación vale 1,3 billones de pesos y que debe arrancar el año entrante con 240.000 millones para la Rama y para la Fiscalía.
Para esta semana se espera un fallo del Tribunal de Casanare que resuelva la demanda de ilegalidad del paro judicial que completa 26 días.
Las posibilidades de que sea declarado legal o ilegal están abiertas, aunque el argumento del Gobierno, en su petición, donde considera que la administración de justicia es un servicio fundamental que no puede parar, es mucho más fuerte, y respaldado por la jurisprudencia de la Corte Suprema en 1998.
Sin embargo, en caso dado de que en primera instancia cualquier Tribunal de Justicia municipal o departamental, en donde se radicaron las diferentes demandas de ilegalidad del paro judicial, no defina en un fallo si el cese de actividades es legal o no, expertos como el expresidente de la Consejo Superior de la Judicatura, Gustavo Cuello, consideran que se podría instaurar una tutela que sería estudiada por la Corte Constitucional.
“Como no hay acceso a la administración de justicia y ese es un derecho fundamental, sería entablar una tutela y la tutela se podría intentar inmediatamente ante la misma Corte”, manifestó Cuello.
Sin embargo, el jurista cree que la ilegalidad de un paro no es tan traumática, pues siempre se llegan a acuerdos bilaterales, como en 1998.
“Se hacen unos convenios donde los trabajadores se comprometen a reponer el tiempo perdido y el Gobierno a que no pasa nada, y termina pagando los salarios”, indicó.
Ya se completan 26 días de cese de actividades de los trabajadores de la rama judicial, en donde ni el Gobierno Nacional ni Asonal Judicial definen un acuerdo que levante el paro definitivamente, y sólo 80.000 millones de pesos que faltan por conciliar en el plan de nivelación salarial de jueces y trabajadores de la rama, fracturan los diálogos que se han instaurado.
La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, dijo que antes de 10 días el Tribunal de Casanare debe definir si declara ilegal el paro nacional de trabajadores de la Rama Judicial e insistió en que la Fiscalía y el Consejo Superior de la Judicatura no deben pagar sueldos a los funcionarios en cese de actividades.
“Según la ley no debería tomarse mas de 10 días. La ilegalidad del paro se solicita ante los jueces de la republica, concretamente ante un tribunal que conoce en primera instancia del tema y luego de ese mismo conoce en segunda instancia conoce la Corte Suprema de Justicia”, indicó.
De otro lado, la funcionaria reiteró que los trabajadores judiciales, que completan más de 20 días de cese de actividades, no deberían recibir remuneración salarial.
“En relación con el no pago de salarios, ello independiente de la legalidad e ilegalidad del paro, el derecho a hacer un paro es un derecho sindical cuando no se trata de un servicio público esencial como se trata del servicio de justicia pero aparte está el derecho a salario. Solo el que trabaja tiene derecho a remuneración", dijo.
Recalcó que “no debe haber pago de salario. Quiero que tengan claro que el que hace el pago no es el Gobierno Nacional sino directamente la Fiscalía o el Consejo Superior de la judicatura”.
La Ministra Correa indicó que no se ha analizado ninguna medida si se modifica la vacancia judicial que debe iniciarse el 20 de diciembre.
Aunque se había intentando hacer este trámite ante el Tribunal de Cartagena, la documentación no fue recibida. Será ahora el Tribunal del Casanare el que decida la ilegalidad del paro judicial que ya completa 23 días.
La demanda contra Asonal y el Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía, fue radicada ante el Tribunal Superior de Casanare, por el abogado Eleazar Falla López, en representación del Ministerio del Trabajo, y por reparto le correspondió al presidente del organismo Pablo Torres Beltrán.
También el procurador Alejandro Ordóñez se pronunció sobre lo urgente que es encontrar una pronta solución al paro.
Ordóñez hizo un llamado a Asonal y al Gobierno para concretar a la mayor brevedad los acuerdos que permitan normalizar el funcionamiento de la administración de justicia.
"Las consecuencias del paro judicial, luego de más de veinte días de cese de actividades, son cuantiosas en términos de vulneración de los derechos de los ciudadanos para acceder a la administración de justicia, demora en la solución de controversias y, como tercer efecto, perjuicios fiscales y presupuestales para la Nación", señala el Ministerio Público a través de un comunicado.
Precisa que "es urgente definir una fórmula de arreglo que concilie las aspiraciones de los servidores de la rama y las realidades presupuestales de la Nación para levantar el paro, cuyos efectos negativos recaen directamente sobre la sociedad".
Entre tanto la Contralora Sandra Morellí, afirmó que por afectar un servicio esencial y causar daño al patrimonio público, se debe declarar la ilegalidad del paro judicial promovido por Asonal y el sindicato de la Fiscalía.
Ante el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Laboral, Morelli radicó el documento, en el que solicita además que se conforme una comisión de verificación para la reanudación de actividades en los diferentes despachos judiciales. Esta comisión deberá presentar al tribunal de conocimiento un informe sobre el acatamiento de la orden impartida de reanudar la prestación del servicio.
A través de un comunicado, Morelli explicó que se basó en las competencias que le da la ley para ejercer, en representación de la comunidad, "la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o de las entidades que manejan fondos o bienes de la Nación". Indicó que con ocasión del paro judicial se ha visto seriamente afectado el país: "Tal situación ha generado distorsiones en cuanto a la eficiente, económica y equitativa administración del patrimonio público".
El Gobierno ofreció para la nivelación 1 billón 220.000 millones de pesos, que serían pagados en 5 años. Arrancarían a partir del 2013, con 120 mil millones para la Rama, y 20 mil millones para la Fiscalía. Asonal se negó e insistió en que la nivelación vale 1,3 billones de pesos y que debe arrancar el año entrante con 240.000 millones para la Rama y para la Fiscalía.
Para esta semana se espera un fallo del Tribunal de Casanare que resuelva la demanda de ilegalidad del paro judicial que completa 26 días.
Las posibilidades de que sea declarado legal o ilegal están abiertas, aunque el argumento del Gobierno, en su petición, donde considera que la administración de justicia es un servicio fundamental que no puede parar, es mucho más fuerte, y respaldado por la jurisprudencia de la Corte Suprema en 1998.
Sin embargo, en caso dado de que en primera instancia cualquier Tribunal de Justicia municipal o departamental, en donde se radicaron las diferentes demandas de ilegalidad del paro judicial, no defina en un fallo si el cese de actividades es legal o no, expertos como el expresidente de la Consejo Superior de la Judicatura, Gustavo Cuello, consideran que se podría instaurar una tutela que sería estudiada por la Corte Constitucional.
“Como no hay acceso a la administración de justicia y ese es un derecho fundamental, sería entablar una tutela y la tutela se podría intentar inmediatamente ante la misma Corte”, manifestó Cuello.
Sin embargo, el jurista cree que la ilegalidad de un paro no es tan traumática, pues siempre se llegan a acuerdos bilaterales, como en 1998.
“Se hacen unos convenios donde los trabajadores se comprometen a reponer el tiempo perdido y el Gobierno a que no pasa nada, y termina pagando los salarios”, indicó.
Ya se completan 26 días de cese de actividades de los trabajadores de la rama judicial, en donde ni el Gobierno Nacional ni Asonal Judicial definen un acuerdo que levante el paro definitivamente, y sólo 80.000 millones de pesos que faltan por conciliar en el plan de nivelación salarial de jueces y trabajadores de la rama, fracturan los diálogos que se han instaurado.
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