El director territorial del Ministerio de Trabajo en Yopal, Casanare, entregó al tribunal de ese departamento una petición para que se declare la ilegalidad del paro de los empleados judiciales que inició el 11 de octubre. Así lo informó una fuente del propio Ministerio.

La demanda se radicó allí ante la negativa de que los otros tribunales superiores del país y busca la declaración de ilegalidad de la huelga en el sector judicial.

El titular de la cartera laboral, Rafael Pardo, dijo que su despacho, como autoridad competente para el efecto, ha intentado desde el jueves por la mañana radicar el documento en los tribunales de Bogotá, Bucaramanga, Cartagena y Barranquilla. En estas ciudades no tuvo éxito.

El Gobierno la radicó ante la Procuraduría Delegada para Asuntos Judiciales en Cartagena, y le remitió copia a la Procuraduría General de la Nación en Bogotá la declaratoria de ilegalidad de la huelga.

El ministro del Trabajo explicó que la petición de ilegalidad de la huelga judicial tiene entre sus fundamentos una sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ratificada en octubre de 2009.

En ella, el alto tribunal estableció que "el derecho de huelga no es absoluto, como lo ha reconocido la Corte Constitucional", dado que la Carta Magna "no lo garantiza en los servicios esenciales".

Unos 45.000 empleados y funcionarios de la Rama Judicial en el país entraron el pasado 11 de octubre en un paro indefinido para exigir al Gobierno que les reconozca una nivelación salarial que está ordenada por ley desde hace veinte años.

El cese de actividades fue convocado por la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial (Asonal Judicial), que no ha logrado llegar a un acuerdo con la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa.

La deuda acumulada suma más de un billón de pesos de pesos que el Ejecutivo se ha propuesto cubrir en cinco años, según la más reciente oferta de Correa a los huelguistas.

También el procurador Alejandro Ordóñez se pronunció sobre lo urgente que es encontrar una pronta solución al paro.

Ordóñez hizo un llamado a Asonal y al Gobierno para concretar a la mayor brevedad los acuerdos que permitan normalizar el funcionamiento de la administración de justicia.

"Las consecuencias del paro judicial, luego de más de veinte días de cese de actividades, son cuantiosas en términos de vulneración de los derechos de los ciudadanos para acceder a la administración de justicia, demora en la solución de controversias y, como tercer efecto, perjuicios fiscales y presupuestales para la Nación", señala el Ministerio Público a través de un comunicado.

Precisa que "es urgente definir una fórmula de arreglo que concilie las aspiraciones de los servidores de la rama y las realidades presupuestales de la Nación para levantar el paro, cuyos efectos negativos recaen directamente sobre la sociedad".

Horas antes, la Ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, aseguró que el Ejecutivo "ha hecho concesiones históricas" y que si se producen libertades de delincuentes por el cese de actividades, los jueces deben responder penalmente.

¿Qué medidas tomará el Gobierno para frenar el paro?

Además de mantener la última oferta, se ha formulado una demanda para que se declare la ilegalidad del paro y se oficiará a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y a la Fiscalía General para que, conforme al Decreto 1647 de 1967 y a la jurisprudencia del Consejo de Estado reiterada en el año 2010, se abstengan de pagar salarios a las personas que no están prestando el servicio.

¿Cuáles son los argumentos de la denuncia?

Se fundamenta en que la Justicia es un servicio público esencial, como expresamente lo establece la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y como lo señaló la Corte Suprema al declarar la ilegalidad del paro del 2008.

¿Por qué no hay acuerdo con Asonal?

El Gobierno ha hecho lo que está en sus manos. Como no había sucedido en los últimos 22 años, reconoció el derecho a una nivelación que permita cerrar las brechas salariales entre magistrados de tribunal y jueces, así como con los fiscales. Se ha propuesto destinar 1,14 billones comenzando en enero de 2013 y finalizando en enero de 2018. Frente a esta propuesta se pidió el reconocimiento de actualización, a lo que se accedió en la suma de 80 mil millones, con la advertencia de que esa suma solo podría ser pagada en enero de 2019, con cargo al presupuesto de ese año. Hasta ahí ha llegado el Gobierno Nacional en sus reconocimientos y ofertas.

¿Hay otros intereses más allá de la nivelación salarial?

Eso no nos consta. Solo reitero que el paro se dio para reclamar el reconocimiento a la nivelación salarial y este se hizo desde el segundo día; no en razón de la protesta sino como una manifestación más del compromiso del Gobierno con la Rama Judicial. El Ejecutivo ha hecho concesiones históricas, sin precedentes. Se ha ofrecido lo que es responsable y sostenible fiscalmente. Esperamos que no haya intereses ocultos o agendas paralelas.

¿Cuáles son los efectos más negativos del paro?

Además del costo económico, la pérdida de legitimidad de la administración de Justicia como consecuencia de la afectación que el paro trae día a día a todos los ciudadanos. El país no entiende que se reclamen mejoras salariales cuando existen tantos inconvenientes en términos de eficiencia. Los que no están trabajando son algunos funcionarios y empleados de la Rama e impiden hacerlo a los que sí quieren trabajar.

¿En cuánto van las pérdidas de estas tres semanas?

En términos de actividades judiciales, de acuerdo con la Judicatura, se han dejado de adoptar más de 75 mil decisiones judiciales y se han dejado de realizar miles de audiencias. El mismo Consejo ha manejado, por otra parte, cifras cercanas a los 40.000 millones de pesos, como costo del paro. Sin contar con el valor de los salarios correspondientes a octubre, sin que se hubiera prestado el servicio 20 días.

Algunos congresistas plantean la conmoción interior...

No ha sido considerada.

¿Qué le responde a los congresistas que dicen que el Gobierno les impidió entrar en la negociación con Asonal?

El papel de las Comisiones Accidentales de Senado y Cámara ha sido fundamental en la mediación. Seguiremos acudiendo a sus buenos oficios, pero creemos que hay momentos en que es mejor que las partes de la negociación dialoguen directamente.

'Hay daño contra el erario': Contralora

Por afectar un servicio esencial y causar daño al patrimonio público, la contralora, Sandra Morelli, pidió este jueves declarar la ilegalidad del paro judicial promovido por Asonal y el sindicato de la Fiscalía. Ante el Tribunal Superior de Barranquilla, Sala Laboral, Morelli radicó el documento, en el que solicita además que se conforme una comisión de verificación para la reanudación de actividades en los diferentes despachos judiciales. Esta comisión deberá presentar al tribunal de conocimiento un informe sobre el acatamiento de la orden impartida de reanudar la prestación del servicio.

A través de un comunicado, Morelli explicó que se basó en las competencias que le da la ley para ejercer, en representación de la comunidad, "la vigilancia de la gestión fiscal de la administración y de los particulares o de las entidades que manejan fondos o bienes de la Nación". Indicó que con ocasión del paro judicial se ha visto seriamente afectado el país: "Tal situación ha generado distorsiones en cuanto a la eficiente, económica y equitativa administración del patrimonio público".

Por su parte, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, dijo que de no llegarse a un pronto acuerdo, "el único ganador sería la delincuencia".

Diferencia por plata para la nivelación

El Gobierno ofreció para la nivelación 1 billón 220.000 millones de pesos, que serían pagados en 5 años. Arrancarían a partir del 2013, con 120 mil millones para la Rama, y 20 mil millones para la Fiscalía. Asonal se negó e insistió en que la nivelación vale 1,3 billones de pesos y que debe arrancar el año entrante con 240.000 millones para la Rama y para la Fiscalía.