La Contraloría General de la República encontró mérito para abrir procesos de responsabilidad fiscal por 194 mil 219 millones de pesos contra dos ex gobernadores y trece ex alcaldes por alumnos inexistentes o conocidos como “niños fantasmas”.

El proceso también involucra a los ex secretarios de Educación de los departamentos de Casanare y la Guajira y de los municipios de Yopal, Riohacha, Uribia, Apartadó, Turbo, Buenaventura, Jamundí, Magangué, Malambo, Soledad, Tumaco, Ipiales y Girón.

Según la Contraloría, el caso se refiere a la vigencia fiscal de 2011 y cobija a entidades territoriales certificadas en educación, en las cuales el Estado giró recursos del Sistema General de Participación-educación, calculándose un presunto detrimento patrimonial por valor de $194.219.036.160. En este caso, se identificó la inexistencia de 97.384 niños, cifra equivalente al 13.3% del total de matricula reportada por las Gobernaciones y Alcaldías comprometidas.

La Contraloría General manifestó que con la actuación desplegada por los agentes públicos, presuntamente se vulneró el principio de eficiencia al no desplegar las acciones tendientes para la verificación en sitio de los alumnos matriculados en cada establecimiento educativo. Así mismo, la vulneración del principio de economía, “pues con ocasión de lo anterior, se contrató el servicio educativo con entidades privadas para alumnos, que las entidades públicas podían suplir”.

La decisión fue tomada por la Contralora Intersectorial #4 de la Unidad Especial Anticorrupción, Lina María Tamayo Berrío, quien recordó que la educación es un derecho de todas las personas, “configurándose de esta forma en un servicio público que su propósito primordial es la búsqueda del acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura, formando a los ciudadanos para el respeto y ejercicio de los derechos humanos y de la paz”.

Para la Contralora Delegada, es claro que con la actuación desarrollada por los agentes públicos presuntamente “se vulneró el principio de eficiencia al no desplegar las acciones tendientes para la verificación en sitio de los alumnos matriculados en cada establecimiento educativo, así como la vulneración del principio de economía pues con ocasión de lo anterior, se contrató el servicio educativo con entidades privadas para alumnos, que las entidades públicas podían suplir”.

El presunto detrimento patrimonial por todos los aspectos evaluados por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la CGR, presenta como cuantía inicial por cada una de las entidades territoriales, así: