A pesar de que en los últimos seis años se han destinado cerca de 23 mil millones de pesos de dineros públicos del departamento para nueve pueblos indígenas de Casanare, atraviesan por una difícil situación humanitaria.

Así lo reveló el Programa Presidencial Indígena, al presentar en la sede de la Vicepresidencia de la República el informe Resguardo del Caño Mochuelo: vulnerabilidad y riesgo de extinción. Gestión y acción institucional e inversión de recursos públicos.

En la audiencia se dieron a conocer los hallazgos luego del diagnóstico realizado directamente en el Resguardo, que registran la vulneración de derechos fundamentales de estas comunidades en materia de salud, alimentación, educación y territorio, entre otros, que afectan a los pueblos Sáliba, Sikuani, Tsiripu, Yarupos, Wipiwi, Amorúa, Kuiba, Masiguare y Yamaleros, que allí residen.

Luego de la presentación de este informe, el Programa Presidencial Indígena formulará recomendaciones tendientes a superar la situación de estas comunidades indígenas.

A la audiencia asistieron delegados de la cooperación internacional, así como representantes de la Organización Regional Indígena de Casanare (ORIC), de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), autoridades de Caño Mochuelo, como el Gobernador Mayor del Resguardo. Igualmente fueron invitados los alcaldes de los municipios de Paz de Ariporo y Hato Corozal, donde queda ubicado el Resguardo.