Una investigación realizada entre varios organismos del Gobierno, permitió determinar que los municipios de Aguazul, en Casanare; Arauca, en Arauca; Neiva, en Huila; Villavicencio, Acacías, Puerto Gaitán y Castilla la Nueva, en Meta; Tolú y Coveñas, en Sucre, y Yondó, en Antioquia, como los que presentan mayores amenazas para las elecciones de octubre.

Según el estudio, en las poblaciones mencionadas existe un “riesgo extraordinario”, para la realización de las elecciones en octubre ya que, de una parte, grupos armados al margen de la ley pretenden afectar el proceso mediante acciones armadas y, de la otra, existen riesgos por trashumancia, compra de votos, constreñimiento a los electores e, incluso, influencia de actores armados ilegales.

Las autoridades señalaron que para evitar que estas dos amenazas se concreticen, concentrarán sus esfuerzos en esos municipios para garantizar un proceso electoral transparente.

LA LISTA SALIÓ DE UNA INVESTIGACIÓN DE 13 ORGANISMOS DEL GOBIERNO
Un trabajo de nueve meses del Centro Integrado de Inteligencia Electoral (CI23), compuesto por 13 instituciones del Estado, con los ministerios de Defensa e Interior a la cabeza, encontró al cruzar 14 variables que el proceso electoral en estas poblaciones tiene un "riesgo extraordinario".

La labor de inteligencia ha podido establecer dos tipos de amenaza muy definidos: orden público y transparencia.

Para los investigadores del Gobierno, los grupos armados al margen de la ley pretenden afectar el proceso mediante acciones armadas.

El informe da cuenta de que estos grupos quieren aprovechar la campaña para manifestarse con acciones violentas, máxime cuando se trata de los primeros comicios que se realizan en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Es así como hasta el momento se han detectado 36 planes terroristas contra el proceso electoral, de los cuales 24 corresponden a las Farc, 10 al Eln y 2 a las bacrim.

En lo que tiene que ver con transparencia, el informe señala riesgos por trashumancia, compra de votos, constreñimiento a los electores e, incluso, influencia de actores armados ilegales.

En estos 10 municipios estos hechos, por lo pronto, parecen evidentes. Por eso, las autoridades han centrado la atención en ellos.

LA INVESTIGACIÓN
Contrario a procesos anteriores, para las elecciones de este año el Gobierno se anticipó para evitar la influencia de la delincuencia en los comicios. La investigación, que se llevó a cabo en 1.103 municipios, comenzó en octubre pasado.

Actualmente ya no se trabaja en el proceso de prevención, sino en la ejecución del plan mismo.

Miembros de los organismos de seguridad permanecen en los municipios realizando inteligencia y recolectando pruebas para judicializar a los responsables de irregularidades.

Aunque la prioridad está en esta decena de poblaciones, el estudio del CI23 reveló que hay otros 161 municipios en riesgo alto, 187 en riesgo medio y 620 riesgo bajo.
Los investigadores reconocen que, por ahora, no se pueden generalizar las intenciones que tienen los grupos ilegales en las diferentes zonas del país.

De todas maneras, el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, dijo que "el Gobierno tiene un plan para garantizar la jornada electoral en todo el territorio nacional. (...) Es clave la socialización de este instrumento con los actores políticos y que ellos, disciplinadamente, observen las recomendaciones de seguridad que se les indiquen".

YA VAN 10 ASPIRANTES ASESINADOS POR SICARIOS
Con la muerte esta semana de Fernando Vargas, aspirante de Cambio Radical a la Alcaldía de Yumbo (Valle), ya son 10 los candidatos a alcaldías y concejos ultimados desde noviembre del año pasado.

El viernes de la semana pasada había sido asesinado Wilton Ramírez Arroyave, candidato al Concejo del municipio de Caldas (Antioquia).

Estos hechos han obligado al Gobierno a estar alerta para ofrecer medidas de seguridad. Hasta mayo pasado, la Policía había recibido 2.892 solicitudes de protección.

Según el reporte oficial, hasta el momento 251 aspirantes tienen esquemas de protección de la Policía. Un total de 338 miembros de la institución han sido destinados para cumplir estas labores.