La Superintendencia Nacional de Salud impuso cinco sanciones pecuniarias, tres de ellas a los representantes legales de EPS y dos a secretarios de salud departamentales, por el incumplimiento de medidas cautelares, el no reporte de información y deficiencias en la operación de laboratorios de salud pública.

Las multas totalizan 1.280 millones de pesos equivalentes a 1.470 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) y fueron impuestas bajo las facultades de la Ley 1949 de 2019, que permite sancionar directamente a los representantes de las entidades de salud, para que respondan a título personal y con sus propios recursos.

El delegado de Procesos Administrativos de la Supersalud, Andrés Evelio Mora, resaltó que “estas decisiones se adoptan en el marco de la actual emergencia sanitaria, situación que demanda tanto de los prestadores como aseguradores un mayor compromiso en la atención integral de los usuarios”.

De esta manera, la Superintendencia pone en ejecución una de las herramientas dadas por la Ley para proteger de manera eficaz los recursos del sistema y garantizar con calidad y oportunidad la prestación de los servicios de salud.

Laboratorios de Salud Pública

Tras comprobar el incumplimiento de obligaciones relacionadas con la financiación, prestación de servicios para la toma de muestras -incluidas las de COVID-19- y el oportuno manejo de la capacidad instalada y del talento humano de los laboratorios de salud pública de Casanare y Putumayo, se sancionó a Yenny Fernanda Díaz Barinas y a Jorge Alberto Molina Giraldo, en su calidad de secretarios de Salud de dichos departamentos, respectivamente, con multas que superan los 43 millones de pesos cada una (50 smlmv).

Actualmente, el laboratorio de salud pública de Casanare aún no ha sido habilitado. 

Incumplimiento de medidas cautelares

La mayor sanción fue para el representante legal de la EPS Convida, Hernando Durán Castro, con una multa superior a los 649 millones de pesos (740 smlmv) por no dar cumplimiento a una medida cautelar emitida por la Superintendencia que buscaba garantizar la efectiva prestación de los servicios de salud a 1.052 peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) presentadas.

Una vez se venció el plazo conferido para el cumplimiento de la orden, se evidenció que 661 PQRD continuaban sin ser solucionadas

Una segunda sanción de la Supersalud recayó sobre la representante legal de la EPS Comparta, Mónica Hernández Benítez, con una multa por más de 370 millones de pesos (430 smlmv), por incumplir una medida cautelar que ordenó que se garantizara, en el término de 2 días, la efectiva prestación de los servicios de salud a 579 PQRD, pues, vencido dicho término, se evidenció que 226 de ellas seguían abiertas y sin solución.

No reporte de información

Así mismo, se impuso una sanción de más de 175 millones de pesos (200 smlmv) al exrepresentante legal de la EPS Savia Salud, Carlos Mario Montoya Serna, por no efectuar el reporte de información relacionada con la Circular Externa 003 del 10 de marzo de 2020 de la Supersalud, a través de la cual se impartieron instrucciones sobre la gestión de la atención de agentes nuevos; incrementos inusitados de casos correspondientes a eventos de interés en salud pública, o emergencias en salud pública de importancia internacional.

Contra las referidas sanciones proceden los recursos de reposición y de apelación, que podrán ser interpuestos por los vigilados dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación.