Una grave situación fue denunciada por el diputado Eduardo Antolínez, quien acompañó a la familia de Andrés Medina, un joven con evidente discapacidad del municipio de Trinidad, que tuvo que ser trasladado en un vehículo particular hasta Yopal para recibir su certificado de discapacidad.

Según relató el padre del paciente, Oldan Medina, el viaje solo fue posible gracias a que tuvo que pedir dinero prestado para pagar un expreso, ya que su hijo permanece postrado en cama desde un accidente de tránsito ocurrido en 2019. A pesar de las dificultades, al llegar a la capital departamental se encontraron con que en el centro de salud ni siquiera había una camilla disponible, por lo que Andrés fue atendido dentro del carro.

El diputado Antolínez calificó la situación como “lamentable e inhumana”, y cuestionó que las autoridades de salud departamental no dispongan brigadas médicas o teleconsultas para evitar estos desplazamientos.

“No ha habido voluntad. Estas certificaciones podrían hacerse por videollamada, en los centros de salud municipales, o llevando los médicos al territorio. No es justo que familias de bajos recursos tengan que viajar en estas condiciones”, indicó el Diputado. 

Antolínez aseguró que ha sostenido reuniones con la Secretaría de Salud Departamental y la E.S.E. Salud Yopal, contratista encargada de otorgar los certificados, y se ofreció a cubrir los gastos de hospedaje y alimentación de los médicos si se desplazan a los municipios.

Por su parte, María Isabel Rodríguez, líder social por la población con discapacidad en Trinidad, lamentó el trato recibido.

“Andrés lleva más de ocho años postrado y hoy tuvo que venir sin desayunar, sin atención digna. Necesita una cama neurológica y una cuidadora permanente, porque su padre es un adulto mayor que hace todo por él”, manifestó.

La familia también denunció que la nueva EPS se niega a asignar un cuidador porque la orden debe provenir de un especialista, figura médica que no está disponible en Trinidad.

El diputado hizo un llamado a las autoridades de salud para que garanticen el derecho a una atención digna en los 19 municipios del departamento, y no obliguen a los pacientes en condición de discapacidad a desplazarse largas distancias para acceder a un trámite que podría resolverse en sus territorios.

“No pedimos nada regalado. La salud es un derecho y el Estado debe garantizarla en condiciones humanas”, exigió Antolínez.