El próximo 7 de octubre vence la medida de intervención forzosa de Capresoca impuesta por la Superintendencia Nacional de Salud. Así lo informó Tatiana Chávez, secretaria de Salud de Casanare, quien señaló que el Gobierno departamental ha adelantado gestiones ante la nueva superintendente, María Andrea Godoy, para buscar la continuidad de la EPS y garantizar la atención de sus cerca de 164.000 afiliados, que representan aproximadamente el 33 % de la población del departamento.

Chávez explicó que Capresoca atraviesa una compleja situación financiera y actualmente enfrenta barreras para la entrega de medicamentos, autorizaciones, remisiones y transporte de pacientes. Según las cifras entregadas, la EPS recibe alrededor de $23.000 millones mensuales, mientras radica facturas por aproximadamente $36.000 millones, generando un déficit mensual superior a los $10.000 millones. Además, la deuda acumulada de la entidad alcanzaría los $34.000 millones.

Frente al futuro de la entidad, la secretaria de Salud indicó que la Superintendencia habría manifestado al gobernador César Ortiz Zorro que la opción que actualmente se contempla es prorrogar la intervención forzosa, posiblemente por un periodo de un año, como ha ocurrido con anteriores extensiones. Chávez sostuvo que, por ahora, no se avizora una liquidación, entre otras razones porque las EPS que quedarían como receptoras no tendrían capacidad para asumir los 164.000 usuarios de Capresoca.

La funcionaria también señaló que se ha solicitado al Gobierno Nacional un plan de choque y medidas de estabilización financiera, especialmente para garantizar el flujo de recursos hacia la red pública y evitar afectaciones en la prestación de los servicios. Mientras tanto, la Gobernación y el Congreso continuarán gestionando ante las autoridades nacionales alternativas que permitan garantizar la continuidad de la atención de los afiliados de Capresoca.