Una delicada situación jurídica y administrativa sacude a la entidad promotora de salud Capresoca, tras hacerse pública una denuncia formulada por el abogado Raúl Romero del Río, apoderado de la IPS Fasalud. Durante una entrevista concedida a la emisora Caracol Radio, el jurista reveló que la agente interventora de la entidad, Olga Lucía Vázquez, habría ejercido su cargo amparada en un diploma de enfermería falso atribuido a la Pontificia Universidad Javeriana. Las alertas se encendieron a raíz de una serie de determinaciones operativas intempestivas contra la IPS prestadora de servicios de salud mental, lo que motivó una revisión de antecedentes que derivó en la confirmación formal por parte del centro educativo sobre la inexistencia de dicho registro académico.

El apoderado legal cuestionó severamente los mecanismos de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Salud, entidad que avaló la designación de la funcionaria en julio de 2026 bajo la administración de Daniel Quintero. Según expuso el denunciante, el nombramiento se produjo mediante facultades discrecionales y prescindiendo de la verificación de requisitos fijados en el registro normativo de interventores (RIOS). Esta falta de rigor en la validación de credenciales previas a la entrega del control institucional centra los cuestionamientos hacia la entidad reguladora.

Más allá del presunto fraude académico, la principal preocupación recae en el impacto directo sobre la prestación de los servicios asistenciales. Romero del Río advirtió que la interventoría ordenó dar por terminado el contrato con Fasalud en un término de 15 días, omitiendo hasta el momento los protocolos oficiales y los planes de empalme con los nuevos operadores. Esta intempestiva transición compromete de manera directa la atención continuada de más de 7.000 pacientes en condición de vulnerabilidad, al tiempo que sugiere posibles conflictos de interés en la asignación de los nuevos contratos asistenciales.

Frente a la gravedad de las irregularidades puestas al descubierto, se prevé un desenlace institucional inmediato en la dirigencia de la entidad de salud. De acuerdo con lo informado en el espacio radial nacional, el Ministerio de Salud confirmó que en el transcurso de las próximas horas emitirá el acto administrativo formal mediante el cual se oficializará la remoción de la funcionaria de su puesto como agente interventora.