La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 015 de 2025 para el departamento del Vichada, focalizando los municipios de Puerto Carreño, La Primavera, Cumaribo y Santa Rosalía. 

Advierte graves riesgos de violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH). El riesgo inminente surge de la confrontación armada en territorio transfronterizo entre el grupo disidente Segunda Marquetalia (SM), a través de su Frente 53 Édison Romaña, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el accionar de su Frente José Daniel Pérez Carrero.

La escalada de violencia que ha evidenciado la Defensoría se debe a la ruptura de la alianza sostenida por dos años entre ambos grupos, la cual llegó a su fin el pasado 3 de agosto. Esta situación ha desatado una disputa por el dominio de las rutas de actividades ilícitas transfronterizas, como el narcotráfico y la explotación ilegal de minerales, concretamente de oro y coltán.

La ATI señala que la confrontación ha sumado hechos de violencia de carácter letal a prácticas coercitivas previas, proyectando una prolongación y escalada de la violencia, con alto riesgo de confinamientos y desplazamientos masivos transfronterizos, especialmente en puntos críticos como Garcitas, Aceitico y Puerto Nariño. Además, ha sido evidenciada la instrumentalización de la población fronteriza en labores de apoyo logístico, así como el potencial uso de drones con explosivos en el desarrollo del conflicto armado.

La Defensoría del Pueblo también advierte el riesgo latente de que otros grupos armados ilegales, como el Nuevo Estado Mayor Central (Nuevo EMC, de la línea de ‘Iván Mordisco’), por medio de su Frente Primero, el Ejército Revolucionario Popular Antisubversivo de Colombia (Erpac) y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), con la participación de su subestructura Gonzalo Oquendo Urrego, se involucren en la disputa, lo cual profundizaría las afectaciones a los derechos de la población.

Focalización de los peligros

En el caso de Puerto Carreño, la localización geográfica del riesgo es para su zona urbana, para las inspecciones La Venturosa, Puerto Murillo, Aceitico, Casuarito y Garcitas; para los resguardos indígenas La Mayera, Kanalitojo, Caño Bachaco, Guacamayas Maipore, Caño Mesetas Dagua, La Hormiga, Caño Guaripa, Wazapana Dagua y Cachicamo; para las comunidades de los sectores La Seiba y Santa María en el Parque Nacional El Tuparro, y para las comunidades indígenas Morichalito Matsuldani, Piedra Tónica, Tuteque Roncador y San Antonio.

La Primavera, otro de los municipios focalizados en la ATI 015, advierte peligros para su casco urbano, para la inspección Nueva Antioquia, para las comunidades Caracol, La Reforma y Laguna Grande, y para los resguardos indígenas Yajota, Campo Alegre y Ripialito.

Mientras tanto, la localización del riesgo en Cumaribo aplica para su zona urbana, sus inspecciones Santa Rita, Puerto Nariño, Amanaven, Tres Matas y El Viento, para nueve de sus comunidades rurales y para sus resguardos indígenas Selva de Mataven (Cubeo, Curripaco, Piapoco, Piaroa) y Egua Guariacana.

El municipio de Santa Rosalía aplica para su casco urbano, para las inspecciones Guacacias y Flor Amarillo, así como para los resguardos indígenas Sáliba de Santa Rosalía, Morocoto Buenavista y Guacamayas Mamiyare.

Llamado a la acción

Ante el escenario advertido de inminencia, que exige acciones de prevención urgente, la Defensoría exhorta a todas las entidades estatales competentes, en particular al Ministerio del Interior, con el concurso de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat).

Igualmente, el llamado se extendió a los ministerios de Defensa y de Minas y Energía, con la finalidad de que activen inmediatamente sus deberes de reacción rápida e implementen, sin dilación, las 18 recomendaciones formuladas en la ATI 015 de 2025.

Asimismo, algunas de las recomendaciones son hechas a la Gobernación del Vichada, a las alcaldías de los cuatro municipios focalizados, a la Unidad Nacional de Protección (UNP), a la Fiscalía General de la Nación, a la Unidad para las Víctimas, entre otros entes. Es clave, además, bajo un impostergable enfoque de seguridad humana, la priorización de protección integral para comunidades étnicas, lideresas y líderes sociales, personas firmantes de paz y, de manera especial, para niñas, niños y adolescentes.