Debido a la situación actual de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR - del Municipio de Yopal, la Contraloría Departamental de Casanare dio a conocer sus actuaciones tendientes a la protección de los recursos públicos que se han invertido allí.

El ente de control departamental resumió en un histórico, el seguimiento que le ha hecho a dichas inversiones.

Función de Advertencia en el 2012

Según la Contraloría, se emitió la Función de Advertencia N° 065 del 01 de noviembre de 2012, con destino a la Gobernación de Casanare, Alcaldía Municipal de Yopal y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, para la implementación de acciones preventivas y correctivas protección de recursos públicos invertidos en el contrato interadministrativo No. 0130 de 2010, que tenía por objeto “Construcción de obras complementarias para la adecuación y optimización de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare e interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental” por valor de $13.044.967.759, con un plazo de ejecución de 14 meses.

En cumplimiento de ese ejercicio de control, la Contraloría Departamental advirtió sobre la necesidad de la intervención y toma de decisiones pronta y eficaz del Departamento de Casanare, el Municipio de Yopal y la EAAAY, dentro del convenio interadministrativo N° 0130 de 2010, como también el contrato de obra N° 0168 del 10 de agosto de 2011, suscrito entre la EAAAY y el Consorcio INISA, cuyo objeto consistía en “Adquisición, implementación y puesta en funcionamiento del sistema aeróbico vertical continuo COROH, para la adecuación y optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Yopal, Departamento de Casanare”, por valor de $7.711.540.050, con un plazo de ejecución de 10 meses.

Igualmente, se instó a cumplir eficientemente con la remoción de la carga orgánica en la PTAR de modo que se evitara el pago de mayores valores por concepto de tasas retributivas a Corporinoquia.

Auditoría reveló que Contratista se alzó con anticipo del 50%

En ejecución del Plan General de Auditoría 2013, la Contraloría Departamental adelantó auditoría modalidad regular a la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, vigencia 2011, donde se incluyó el seguimiento a la citada función de advertencia, se evidenció que con relación al contrato N° 0168 de 2011, en el expediente se encontró la resolución N° 288 del 16 de noviembre de 2012, por medio de la cual “Se da por terminado un contrato y se declara el siniestro de incumplimiento y mal manejo e inversión del anticipo”.

La Contraloría Departamental verificó que el avance de la obra que se alcanzó en este contrato fue solamente del 6.06%, por valor de $467.559.673, faltando por ejecutar el 93.94%.

En conclusión, ante la terminación del contrato por incumplimiento, mal manejo e inversión del anticipo y dado que al contratista se le entregó el 50% del valor del contrato, es decir $3.855.770.025, la diferencia entre éste y lo ejecutado por el contratista se constituye en detrimento patrimonial y presunto hallazgo fiscal por valor de $3.338.210.352, el cual fue trasladado el 05 de noviembre de 2013 a la Gerencia Departamental de la Contraloría General de la República, dada la fuente de financiación.

Por otra parte, en el mismo informe de auditoría, este Ente de Control cuestiona el hecho de que se continúe dilatando la adopción de medidas necesarias para garantizar la protección de los recursos invertidos en el contrato interadministrativo N° 130 de 2010.

Auditoria Express

En el 2014, la Contraloría Departamental adelantó Auditoría Express a la EAAAY correspondiente a las vigencias 2012-2013, incluyendo dentro de las actividades el seguimiento a las actuaciones adelantadas en cumplimiento a la función de advertencia relacionada con la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR del municipio de Yopal, donde se evidenció que:

En lo relacionado con el contrato interadministrativo No. 0130 de 2010, se pudo verificar que la EAAAY resolvió recurso de reposición interpuesto por el consorcio INISA y la Compañía de Seguros Cóndor, ratificando la declaratoria del siniestro del contrato.

Se presentó la demanda ante el Tribunal Administrativo de Casanare contra la Aseguradora Cóndor, resolviendo el mandamiento de pago a cargo de dicha compañía. Simultáneamente la Gobernación de Casanare, requirió a la EAAAY el reintegro de los recursos obtenidos del siniestro amparado más los intereses moratorios.

La EAAAY reintegró a la Gobernación de Casanare la suma de $30.121.123 por rendimientos financieros, quedando un saldo de 19 millones por reintegrar.

De la liquidación del convenio 130 de 2010, quedó pendiente el informe por la recuperación judicial de lo no ejecutado del contrato 168 de 2011, que obliga a la EAAAY y contratista reintegrarle al Departamento $3.855 millones de pesos.

Con el reintegro de esos dineros la Gobernación suscribió el contrato N°1204 del 28 de julio 2014, que tiene por objeto la optimización de la PTAR, por valor de $3.388.244.047, que tiene un plazo de ejecución de 4 meses. Lo anterior, para cumplir las metas establecidas en el PSMV- 2019 (Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos) suscrito con Corporinoquia, el cual, en la actualidad llega al 65% del compromiso adquirido que es del 90%.

Igualmente, se firmó el contrato 1173 de 2014, por valor de $209.364.038 para la interventoría del anterior contrato, suscrito con la Gobernación del Casanare.

PTAR sigue contaminando

Actualmente, la Contraloría Departamental está adelantando seguimiento a las acciones contractuales que adelanta la Gobernación, la supervisión que ejerce la EAAAY, a la ejecución del contrato 1204 de 2014, subcontrato de interventoría, seguimiento al manejo de las tasas retributivas que tiene la empresa frente a Corporinoquia, acciones que permitirá a mediano plazo solucionar de manera definitiva los problemas que aquejan a las comunidades colindantes con las lagunas de oxidación y la PTAR por la contaminación ambiental que éstas generan en la actualidad.

La Contraloría Departamental de Casanare manifestó que a través de su ejercicio del control fiscal, desde la vigencia 2012 ha adelantado las acciones necesarias a través del proceso auditor, así como de la función de advertencia, para vigilar la correcta inversión de los recursos públicos invertidos en la citada situación.