Una comisión de la Dirección de investigación criminal DIJIN adelanta desde ayer diligencias judiciales relacionadas con la urbanización ilegal “la bendición” en Yopal.

Los funcionarios recepcionaron información de los procesos adelantados por el municipio como la suspensión de la construcción de viviendas, que desatendió el urbanizador Jhon Jairo Torres, según se informó al Noticiero CASANARE AL DIA (6 – 8 a.m. 107.7 FM).

Los investigadores también se trasladarán a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia, que impuso una sanción por más de $600 millones de pesos a los representantes del plan habitacional por aprovechamiento indebido de la concesión de agua.

Igualmente indagarán sobre otro proceso que se le sigue al urbanizador por aprovechamiento forestal.

Fiscalía 34 de Extinción de Dominio

De otra parte, la Fiscal 34 de la Extinción de Dominio, Adriana Durán se reúne hoy con la Comisión departamental de Moralización, como consecuencia del Fallo del Tribunal Administrativo de Casanare, para revisar las investigaciones contra el promotor de la Urbanización "la bendición" de Yopal.

La funcionaria de la Fiscalía se desplaza de la capital del país con un grupo investigador de la Fiscalía General de la Nación.

De la comisión forman parte la Procuraduría Regional, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría Departamental que disponen del acervo probatorio sobre la presunta ilegalidad del programa de vivienda, donde se cobra a los beneficiarios sin ser de propiedad del promotor.

Al fallo del tribunal también están vinculados el Ministerio de Vivienda, Corporinoquia y Fiscalía General de la Nación.

El Comunicado de la Fiscalía

La Fiscalía analiza hoy con otras entidades urbanización ilegal La Bendición

La Fiscal 34 de Extinción de Dominio, Adriana Durán, se hace presente hoy en Yopal para participar del Comité de Estudio sobre la problemática de la urbanización ilegal La Bendición. Esta fue creada por orden del Consejo de Estado en fallo relacionado con el tema.

En el mismo se analizarán los avances sobre las investigaciones de cada entidad según sus competencias, la Alcaldía de Yopal, el Ministerio de Vivienda, la Corporinoquia, Defensoría del pueblo y Procuraduría General.

Como se recordará el alto tribunal precisó en su providencia que “La magnitud de la problemática individual que padecen estas personas, asaltadas en su buena fe, necesidad y situación de vulnerabilidad por urbanizaciones ilegales, y el tamaño de los costos que representa para la colectividad la posterior legalización de los asentamientos irregulares, lleva a la Sala al convencimiento de que las dificultades que surgen del desarrollo ilegal del proyecto Ciudadela La Bendición van más allá de la sola ausencia de un servicio de acueducto y alcantarillado adecuado y ameritan de la intervención activa, cualificada y coordinada de todos estos entes, para que cada uno, en el ámbito de sus competencias y especialidades, aporte lo necesario para que se examine el caso y se definan las medidas más adecuadas para darle una solución definitiva a este asunto…” Agrega el fallo que “Lo anterior, a más de que se haga efectiva la responsabilidad penal y administrativa de quienes impulsaron este proyecto, en detrimento tanto de los intereses individuales de los demandantes, como de la comunidad de Yopal en general”.

El Consejo de Estado también a través del fallo compulsó copias de esta actuación a la Fiscalía para que adelante las investigaciones que sean del caso con ocasión del desarrollo urbanístico ilegal que ha originado esta acción. La funcionaria de la Fiscalía se desplaza de la capital del país con un grupo investigador de la Fiscalía General de la Nación.

También se compulsa copias a la Procuraduría para que investigue por la omisión de las autoridades policivas municipales de Yopal en controlar el desarrollo del proyecto urbanístico ilegal Ciudadela La Bendición.