Tras el polémico resultado electoral para la Alcaldía de Yopal la administración municipal de la capital casanareña se asoma a un periodo de inestabilidad, ya que tendría que encargarse a un tercero, hasta que la justicia resuelva la situación penal del alcalde electo Jhon Jairo Torres.

Torres fue capturado el pasado 14 de octubre y enviado 3 días después con medida de aseguramiento a la cárcel nacional Modelo de Bogotá, donde permanece recluido por los delitos de fraude a resolución judicial y urbanización ilegal.

El Consejo Nacional Electoral, legalmente no podrá revocar su candidatura, pero tampoco podría posesionarse.

El procedimiento a seguir consiste en que el movimiento que avaló la candidatura del señor Torres presente una terna y el gobernador elija alcalde encargado hasta cuando el proceso penal determine la inocencia o culpabilidad del investigado.

En caso de resultar culpable, en efecto, la ley estipula la convocatoria a nuevas elecciones. Pero queda la pregunta sobre la celeridad de la justicia en casos como este.

El vacío legal

La pregunta que surge es ¿Cómo pudo inscribir su candidatura y cómo puede ser que haya sido elegido mientras estaba siendo investigado?

La respuesta la entrega María Victoria Duque, Administradora de Empresas con estudios en alta gerencia, desarrollo humano y derechos humanos en una columna en el portal www.razonpublica.com. "Investigados, encarcelados y elegidos" Columna

Respuesta que es sencilla: pudo inscribir su candidatura y participar de los comicios porque al no existir sentencia penal condenatoria ni fallo sancionatorio en su contra, no estaba inhabilitado. En cambio está inhabilitados para posesionarse de su cargo, pues ello implica asumir funciones públicas, las cuales no puede desempeñar quien hay sido objeto de una medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.

La situación se demuestra con creces que existe un vacío legal que urge subsanar. En efecto, el Acto Legislativo 01 de 2004, referente a la pérdida de los derechos políticos, establece que no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos quienes, por un lado, hayan sido condenados por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado y, por el otro, quienes en su calidad de servidores públicos con sentencia judicial ejecutoriada y por su conducta dolosa o gravemente culposa hayan provocado que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.

Es así como no existe en la Constitución ni en la ley pérdida de los derechos políticos, hasta cuando no hayan sido juzgados y se los haya encontrado culpables de los presuntos delitos por los cuales están siendo investigados. Lo que conocemos como el principio de la presunción de inocencia.

Según pronunciamientos de la Fiscal General de la Nación, sería el Ministerio Público y el Consejo Nacional Electoral quienes deben decidir cuál será la situación de este alcalde.

Responsabilidad de los electores

También existe una responsabilidad del elector primario y su deficiente ejercicio del deber ciudadano de elegir mandatarios.

Los resultados

Jhon Jairo Torres, candidato del movimiento social “la bendición”, obtuvo 24.515 votos equivalentes al 34,33%, frente a 14.153 sufragios de Arcenio Sandoval (19,82%), 12.998 de Carlos Fredy Mejía (18,20%), 10.715 votos de Luis Alexis García Barrera (15,00%), 5.621 de Leonardo Puentes Vargas (7,87%), 874 votos de David Emiro Sossa Carrillo (1,22%) y 490 de Flor Marina Hernández Rodríguez (0,68%).

El alcalde electo, es señalado de vender predios y auspiciar la construcción de inmuebles en un terreno que había sido ocupado desde 2012 por la Fiscalía con fines de extinción de dominio.

Dicho terreno era propiedad de dos hermanos investigados como presuntos testaferros del narcotraficante Germán Gonzalo Sánchez Rey, alias "Coletas", quien, según la información, tiene vínculos con Daniel Barrera, alias el "Loco Barrera", extraditado en 2013 a Estados Unidos, indicó la Policía en un comunicado.

Por los delitos que se le imputan, el alcalde electo de Yopal puede ser condenado a una pena de 3 a 7 años de cárcel, y las autoridades tendrán que decidir ahora qué pasa con el gobierno de esta ciudad de unos 170.000 habitantes con graves problemas de seguridad, empleo, planeación y servicios públicos.