En una diligencia de verificación de pacto de cumplimiento, en el proceso de la acción popular por la reubicación de las familias del barrio La Esmeralda, incluidas en el proyecto de vivienda Torres del Silencio, el magistrado Héctor Alonso Ángel, presidente del tribunal administrativo de Casanare, requirió a la Alcaldía de Yopal para que solucionara el tema de la ocupación por parte de la población vulnerable, que tiene suspendido el avance de las obras.

El Magistrado Alonso Ángel explicó que si no se acuerda una desocupación voluntaria, le corresponde a la Alcaldía, a través de medidas policivas y con la intervención de la fuerza pública llevar a cabo el desalojo, pues no se puede hacer nada allí mientras esté ocupado porque puede ocurrir un accidente, del cual vendrían demandas, y nadie se quiere ver involucrado en un proceso de esa naturaleza.

Agregó que el Municipio tendrá que brindar a las familias que ocupan el proyecto (desde el 27 de diciembre de 2015) una oportunidad de dónde ir a alojarse. “Mientras eso ocurre todo queda suspendido, si el Alcalde logra que el proyecto sea desalojado, para la otra semana vamos a programar otro pacto de cumplimiento, donde estableceremos el plazo al cogestor para que termine las obras”.

Por su parte, el abogado de los habitantes de La Esmeralda, Álvaro Puentes, dijo que esta situación se remonta al año 2006, cuando dentro de la acción popular interpuesta por el señor Crisanto Torres, se produjo la sentencia tendiente a que se reubicara o se diera solución al asentamiento humano del barrio La Esmeralda afectado por los ruidos y los peligros que representa su vecindad con el Aeropuerto El Alcaraván.

Añadió que solo hasta en 2012, después de que la Alcaldía comprara el lote y proyectara un urbanismo para ubicar población vulnerable, se optó por la reubicación. Entonces, se suscribió un convenio para beneficiar con una solución de vivienda a 400 personas en el proyecto Torres del Silencio, en convenio con la Gobernación de Casanare y el cogestor Iader Barrios, cuyo plazo inicial era un año.

Sin embargo, “cada cinco o seis meses estamos con una nueva prórroga por incumplimientos reiterados del cogestor, aunque la Gobernación de Casanare y la Alcaldía en algún momento también incumplieron. La dilación es permanente y no ha habido sanciones”, dijo el abogado Puentes.

Por ello, interpuso un incidente de desacato, tendiente a que se apliquen sanciones y medidas coercitivas sobre los funcionarios y servidores públicos que han incumplido, porque solo así podrían hacerse una idea de cuándo se va a entregar el proyecto, apuntó.

Durante la diligencia, de parte del cogestor se informó que las obras alcanzan un avance del 85% y que tienen comprados todos los materiales. Pidieron un nuevo plazo de cuatro meses para terminar las torres. Ante lo cual, los beneficiarios dijeron que ya no le creen al contratista.

Finalmente, el abogado Puentes aclaró que es mentira que la Alcaldía y la Gobernación no puedan dar por terminado el contrato y asumirlo de manera directa, pues el convenio lo permite cuando hay incumplimiento de alguna de las partes.