Zully Preciado, investigadora criminalística, quien desde el 03 de diciembre de 2015 radicó en la Fiscalía 19, una denuncia en representación de más de 70 familias que se sienten estafadas por el ex concejal Nelson Figueroa, solicitó “a las autoridades de control que se pronuncien sobre los procesos que se adelantan en sus oficinas y que no permitan que este señor se salga con la suya”.

La Investigadora radicó ayer un oficio al director de Fiscalías, requiriendo se unan todos los casos en contra del Figueroa y se les dé un trámite más oportuno, ya que son 21 procesos los que se conocen en su contra y se encuentran en este organismo de control.

Argumentó que el ex concejal se ha aprovechado de la situación y los sueños de la gente humilde de Yopal, que lo sigue haciendo, ahora también en Aguazul.

Tiene una nueva oficina y sigue cambiando de terrenos y adjudicando lotes a sus víctimas en proyectos que según Planeación Municipal, no se encuentran soportados en la Administración Municipal, es decir que también serían ilegales.

Por ejemplo, Palma Real y La Castellana. Así, dichas personas habrían pasado por diversos proyectos tras darse el primer incumplimiento en Heliconias1 y 2.

Sin embargo, según Zully ahora quiere descaradamente pasarse de victimario a víctima, pues el viernes, sin necesidad de hacer fila y adelantar el proceso que cualquier ciudadano debe surtir para denunciar, haciendo uso de sus influencias la demandó por injuria y calumnia.

La investigadora indicó que no se va a dejar intimidar por la denuncia, y que como ya le dijo una vez cuando le ofreció 15 millones para que “lo dejara en paz”, ni por todo el oro se va a dejar sobornar, todo lo contrario sacará más fuerza para buscar pruebas.

Indicó que dentro de sus representados hay casos por venta de lotes, de apartamentos, y de quienes recibieron escritura pública pero luego se dan cuentan que el terreno está ocupado por otros. Que es tal el accionar del señor Figueroa, que llevó a la gente al terreno de Palma Real, y les hizo cercar sus lotes, a los cuales hoy no pueden acceder porque el exconcejal no terminó de pagar el terreno a sus propietarios.

“Incluso tiene el descaro que decir que para entregarles deben pagar una cuota más hasta alcanzar los 11 millones de pesos, cuando hay contratos de compraventa entre cinco y 10 millones. El total la estafa ascendería a los cerca de 400 millones”, apuntó Zully Preciado.

Finalmente, dice que están preocupados por rumores que han escuchado sobre que “el ex concejal quiere salir del país y dejar a la gente viendo un chispero”, por eso reitera su llamado a los entes de control, porque en lo que a ella respecta hará lo que más pueda para que responda.