Ayer el ex concejal de Yopal, Leonardo Puentes radicó ante el Juzgado Primero Administrativo una acción popular, según dijo, en nombre de los derechos colectivos de los yopaleños, el patrimonio del Municipio y sus servicios públicos, los cuales afirmó están en grave riesgo con el Acuerdo 016 de 2015, que en diciembre, autorizó al Alcalde, Jorge García, para crear una empresa industrial y comercial del estado de servicios públicos.

Recordó que, primero, el alcalde Jorge García con aprobación mayoritaria del Concejo Municipal, en septiembre, hizo modificar las metas del Plan de Desarrollo pues no era una propuesta del gobierno electo por voto popular de Willman Celemín.

Y que a finales de noviembre se radicó un proyecto donde se pedía a la Corporación autorizar al Alcalde, en un tiempo record, una cantidad atribuciones para que cree la figura, nombre a una junta directiva, formule los estatutos de la empresa y en tres meses defina la suerte de seis servicios públicos esenciales para Yopal: alumbrado público, terminal de transportes, relleno sanitario, cementerio municipal, planta de beneficio animal y parque de las aguas, el cual aún no está en manos de la administración local.

Puentes solicitó al juez suspender la vigencia del Acuerdo y de todos los actos administrativos, decretos, resoluciones, contratos y cualquier proceso generado a partir de él. Para que inmediatamente el Municipio retome el control de las rentas, de los activos y a los yopaleños se les presente una propuesta clara de administración de dichos servicios, con el lleno de los requisitos, la planificación, el debate y la ilustración requerida.

El ex concejal reiteró sus críticas a los gobiernos anteriores, que hicieron tradicional elegir diciembre para presentar a los yopaleños, unos proyectos gravísimos, de los cuales por la época festiva no despertaron el interés de la comunidad en general. Por ejemplo, lo ocurrido con los impuestos en 2012, el plan de ordenamiento territorial en 2013 y la escabrosa concesión de los servicios de tránsito.

Puentes dijo que CEIBA es una mezcla maquiavélica cuyo único trasfondo es burlar los procedimientos y privatizar los servicios públicos de Yopal, entregándolos a particulares para que hagan negocio con la plata de los yopaleños. Pues con dicha empresa se estableció en tres meses una junta y un gerente nombrados a dedo, que definan la suerte de seis servicios referenciados.

Por ejemplo, en alumbrado público, se recaudan 8.000 millones de pesos al año. “La ciudad está creciendo a un paso acelerado, estamos hablando de unas rentas cuantiosísimas que no sabemos en manos de quien vayan a quedar”, reflexionó el Accionante.

Agregó que la CEIBA no está funcionando bien, que hay una cantidad de personas nombradas que no conocen a fondo los temas que se les ha delegado. Lo que calificó como una estructura burocrática, de puestos, sin ningún criterio de meritocracia, concurso, publicidad e igualdad, a través de la que buscaban seguir anclados el poder.

Entre los argumentos para pretender la suspensión de todo lo actuado en CEIBA, el Ex concejal indicó que según el Artículo 313 numeral 6 de la Constitución, los Concejos son los únicos autorizados para crear empresas industriales y comerciales del estado, y no deben delegar esa función en el alcalde.

Además, Puentes dijo que el objeto de CEIBA es indeterminado, el Acuerdo no dice qué servicios va a prestar, a pesar de que la normatividad establece que el objeto, la razón social y objetivos de cualquier empresa industrial y comercial del estado debe ser específico y preciso y estar contenido en el acto de creación.

Además, el Ex concejal calificó a CEIBA, como una empresa fantasma porque a pesar de que desde su Artículo primero dice que será una empresa de servicios públicos, en definitiva también dice que va a buscar socios para que lo hagan.

En conclusión, Leonardo Puentes consideró la autorización para crear CEIBA como completamente vaga e imprecisa, que el acuerdo tuvo errores que denotan que quien hizo el estudio no conocía Yopal y cerró diciendo que al 04 de enero, el acuerdo sancionado por el alcalde no regresó a la Corporación Municipal.