“Se nota la desidia que tiene el área administrativa de la Rama Judicial porque no dan respuesta concreta de cuando se pondrá en funcionamiento el nuevo Palacio de Justicia de Yopal, por eso se dispuso abrir incidente de desacato, ejerciendo los poderes que la constitución y la ley 472 de 1998 le otorga al juez para buscar que se cumplan las órdenes dadas en la Sentencia”, dijo el juez Primero Administrativo de Yopal, Roberto Vega Barrera, al término de una inspección judicial de verificación dentro de una acción popular que busca proteger el acceso a la administración de justicia por parte de las personas en condiciones físicas diferentes.

La diligencia se hizo por solicitud del Ministerio Público, teniendo en cuenta que la sentencia de la acción popular dispuso que se pusiera en funcionamiento el Palacio de Justicia que se está construyendo y se adecuaran los edificios para brindar acceso efectivo a las personas en condición de discapacidad.

“Procedimos a recorrer las ocho sedes donde funcionan los juzgados y los tribunales, tanto el Superior como el Contencioso y la sede del nuevo Palacio de Justicia”, indicó el Juez.

A la verificación acudieron un apoderado de la Rama Judicial, una Delegada de la Personería de Yopal, el Procurador Judicial, un apoderado de la Defensoría del Pueblo y el Jefe de la Oficina de Apoyo Judicial.

“Con tristeza evidenciamos que desde el 2014 no se ha adelantado obra alguna, pues las nuevas instalaciones están dotadas pero sin accesos y sin otras obras que son necesarias para el funcionamiento (fachada y obras de ornato alrededor del Palacio); mientras tanto siguen los despachos judiciales en hacinamiento, sin servicio de internet, en condiciones prácticamente infrahumanas no solo para las personas con limitaciones físicas sino para todos los usuarios de la justicia y los funcionarios”, manifestó el Juez.

Agregó que siempre buscan justificar la ineficiencia de la administración, en este caso de la Rama Judicial, aduciendo que se han hecho las gestiones administrativas para lograr los traslados presupuestales, pero que eso no es excusa para tener una cuantiosa suma de recursos invertidos allí totalmente inoperantes, causando un grave detrimento al patrimonio público, por cuanto se tienen seis sedes diferentes donde se está pagando arriendo, servicios públicos y vigilancia, lo que se podría ahorrar si el Palacio de Justicia se pone en funcionamiento.

Por su parte, Wilson Mesa, procurador 72 Judicial I Administrativo, señaló que el último monto de inversión realizado en la construcción del Palacio fue de 5.500 millones de pesos, con los cuales se presumía que se iba a terminar, pero que hace un año se calculó que se necesitarían 1.800 millones más para la terminación y entrega real del inmueble, dinero que al parecer no se ha gestionado por la Rama Judicial ante el gobierno central.

Mesa añadió que con el desacato, el juez le da tres días a la Rama Judicial para que justifique cuál ha sido la demora en la entrega del nuevo palacio de justicia, y que si no justifican en debida forma, el desacato podría hacerse efectivo en arresto.