Continuar con el estudio de las denuncias hechas por la veeduría ciudadana, visitar el lugar las obras y convocar a las entidades del orden nacional relacionadas con la problemática con el propósito de definir las acciones que correspondan a los entes de control, acordaron ayer los miembros de la Comisión de Moralización en Casanare, en sesión de seguimiento al tema del agua potable en Yopal.

Al término de la reunión, el veedor Arcenio Sandoval, señaló que el viernes la veeduría entregará evidencias para que sean evaluadas tanto por la Contraloría Departamental, como por la Contraloría General, la Fiscalía, y la Procuraduría.

“Esperamos que empiecen a tomar las decisiones que corresponda, que revisen y ponga atención en la construcción del acueducto definitivo, porque van tres meses desde que arrancaron y no se evidencia obra en el sitio de trabajo y además que coloquen atención especial en la consultoría que presuntamente no quedó bien hecha”, especificó el Veedor.

Sandoval recordó que los entes de control tienen diferentes competencias; por ejemplo, las Contralorías Departamental y General no pueden actuar donde no se han girado los dineros, como el caso del acueducto definitivo, pero allí si pueden actuar la Fiscalía y la Procuraduría Regional.

Frente a las dudas generadas por la consultoría, la veeduría cuestionó por qué se pagaron 2.728 millones de pesos a quien escogió el sitio para construir el acueducto en una zona de riesgo y no proyectó las obras de protección de todo el sistema, situación que se evidencia al verificar que el contratista Consorcio Aguas Yopal entregó 200 requerimientos de obra a Findeter por los diseños que les fueron entregados.

A la sesión también había sido invitada la agente especial de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo (EAAAY), quien no pudo asistir, por lo que los veedores solicitaron se haga claridad de si con la nueva planta modular va a quedar endeudada la empresa pues se ha dicho que la Superintendencia de Servicios Públicos ha aportado 7.000 millones de pesos, por ello la duda es si esos recursos corresponden a un préstamo; además, que se aclare por qué los contratos que buscan dar solución a la problemática cuentan con cláusulas de confidencialidad cuando se trata de recursos públicos.

A su vez, Jairo Palacios, veedor que no pudo ingresar a la sesión dijo que con una mesa de trabajo más, cinco años después, lo que quieren es que verdaderamente paguen los responsables de toda la corrupción que ha habido por esta problemática.

A la sede de la Contraloría departamental llegaron diferentes voceros ciudadanos a quienes no se les permitió el ingreso a la sesión de la Comisión de Moralización. Alberto Maldonado, reflexionó que 1.802 días sin agua potable dan para decir que la Superintendencia tiene un cartel del agua, porque lleva 1.095 días (al 29 de mayo) frente a la empresa de Acueducto de Yopal, no se conocen sus informes y no se ha dicho si se va a liquidar o no.

El concejal José Luis Barrios se manifestó molesto con los entes de control que no les permitieron el ingreso a la reunión, cuando lo único que querían era escuchar cómo van las investigaciones y los procesos de responsabilidad fiscal y disciplinaria relacionados con el tema.