Por Agencia de Noticias Universidad Nacional

Situaciones de riesgo por avenida torrencial o avalanchas se presentan en otras poblaciones del piedemonte como Yopal, Villagarzon, San José del Fragua, Belén de los Andaquíes, Puerto Rico, La Uribe, Lejanías, Guamal, Villavicencio, Medina y San Luis de Gaceno, entre otras, las cuales se ubican sobre los ápices de los abanicos aluviales de ríos torrenciales que descienden de la cordillera.

Así lo explicó el geólogo Germán Vargas Cuervo, profesor del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.), quien señaló que el análisis geomorfológico y geológico sobre imágenes de satélite de la zona muestra que la capital del Putumayo se ubica de forma inadecuada sobre el corredor natural del río Mocoa y la confluencia de los ríos torrenciales de montaña.

Según el profesor Vargas, la tragedia ocurrida en Mocoa es una situación de ríos de cordillera en valles estrechos de régimen torrencial en el que se conjugaron las crecientes del río Mocoa, que expandió su cauce activo sobre gran parte de su lecho mayor afectando la parte baja del poblado en su costado oriental, y la acción torrencial de dos ríos menores perpendiculares al Mocoa -Mulato, al sur, y Sangoyaco, al norte.

Estos dos ríos perpendiculares al Mocoa presentan depósitos torrenciales que forman abanicos aluviales sobre los que se asienta gran parte de la población.

Las lluvias de alta intensidad y duración, ahora frecuentes por la variabilidad climática extrema produjeron un arrastre importante de grandes bloques de roca (1-3 metros de diámetro), presente en los cauces de los ríos Mulatos y Sangoyaco.

El profesor agregó que en la parte alta de la cuenca del río Mocoa, los ríos Mulatos y Sangoyaco ubicadas a menos de 30 km de la población, produjeron deslizamientos que contribuyeron a este proceso, lo que se demuestra con la presencia de restos de árboles en el trayecto de la avenida torrencial.

Municipios en riesgo

De alrededor de 2.440 cabeceras urbanas en Colombia, 385 de ellas están ubicadas en las riberas de los ríos o cauces menores, muchos de ellos dentro de los lechos mayores del río (canal de movilidad del cauce).

Esta condición los expone a frecuentes avenidas torrenciales en las zonas de montaña producidas por lluvias de alta intensidad y duración, que causan deslizamientos de tierra y obstrucciones o represamientos temporales; de ahí que súbitamente descargan sobre su lecho mayor un gran volumen de bloques rocosos y sedimentos de arenas y lodos.

Colombia es un país bañado por una densa red hídrica de ríos que suman cerca de 3.000 cauces que cubren superficies cercanas a los 12.500 km2, y cauces menores de aguas permanentes que superan longitudes próximas al millón de kilómetros.

De acuerdo con el profesor Vargas estos cauces, por sus características fisiográficas, se pueden clasificar en ríos mayores interandinos como el Magdalena y el Cauca, ríos o cauces de cordillera o montaña, cauces de piedemonte, cauces de litorales y cauces de llanura.

Los ríos de planicies como llanuras y litorales se caracterizan por desarrollar cauces activos anchos entre 500 m y 3 km de formas meándricas y con un amplio lecho mayor que alcanza en algunos cauces los 8 km de ancho.

Los cauces de montaña por lo general desarrollan valles o cañones muy estrechos de alto gradiente, limitado por laderas abruptas y los ríos de piedemonte se caracterizan por formar en la zona de salida de las cordilleras a las planicies amplios abanicos aluviales que indican la súbita y torrencial descarga de rocas y sedimento a gran velocidad.

El académico recordó que no hace más de año y medio, escribió en este mismo medio sobre la tragedia de la población de Salgar (Antioquía), con una situación similar. “Seguramente seguiremos viéndola en cada periodo invernal, si no se toman medidas reales y efectivas de prevención de desastres por inundaciones o avenidas torrenciales en estas 385 poblaciones ribereñas del cauce activo”.

Según el análisis del docente, resulta ilógico que se sigan presentando estos casos, luego de invertir billones de pesos en los estudios e implementaciones de los planes macro, planes básicos o esquemas de ordenamiento territorial que desde la Ley 388 de 1997 obliga a los municipios a implementar acciones de usos del suelo en zonas de riesgo como estas poblaciones ubicadas en áreas de cauces fluviales.

Desde su punto de vista, es claro que esta norma no ha sido efectiva en la prevención de desastres en la mayoría de los municipios, ya que los estudios evaluados desde la academia muestran grandes debilidades técnicas.