En un operativo del Esmad de la Policía la comunidad indígena Nasa fue desalojada del predio de la granja Uary de propiedad de la Gobernación de Casanare, que habían invadido el viernes como medida de presión para reclamar del Estado un terreno que les permita establecerse para vivir y cultivar.

El Consejero mayor, Wilmer Alfaro Aranda, justificó el ingreso a esos predios de la Administración Departamental luego de conocer un documento en el que se señala que el terreno donde habitan es de alto riesgo, por lo que decidieron irse a la granja Uary, buscando que se les adjudique un terreno.

Según Alfaro, la medida se tomó tras el incumplimiento a los compromisos suscritos con la Gobernación de Casanare tras la minga indígena recientemente realizada en la Marginal de la Selva.

El desalojo se logró tras acordar una mesa de diálogo que se realizará el día de hoy en horas de la tarde en la Gobernación de Casanare.

La comunidad indígena Nasa proveniente del Cauca está conformada por 14 familias que permanecen en un predio de la vereda “La Manga” de Yopal.

En un oficio la Comunidad Indígena Nasa Kiwe Fxiw, su autoridad tradicional y la guardia indígena, informó a la opinión pública, a los organismos de Derechos Humanos y a la comunidad nacional e internacional, lo siguiente:

1. Manifestamos nuestro rechazo por la dilatación de la Alcaldía de Yopal y Gobernación de Casanare en la reubicación de nuestro cabildo indígena, habitado por 14 familias y ubicado en la vereda la Calceta del corregimiento Tacarimena del municipio de Yopal, declarada zona de riesgo en área de inundación alta, por Concepto de uso del suelo Rural (102.15.2) de la administración local, de conformidad con las normas urbanísticas del Plan de Ordenamiento Territorial.

2. Rechazamos rotundamente la presencia del Esmad como mecanismo de desalojo en la Granja Uary, de propiedad de la Gobernación de Casanare, que se encuentra deshabitada y abandonada por la administración departamental y de la que solicitamos sea el lugar de reubicación.

3. Lamentamos que los predios en los que actualmente estamos ubicados, además de su condición de zona de riesgo, carezcan de servicios públicos por la desatención de las administraciones, a las cuales se les ha presentado la solicitud en repetidas ocasiones, aclarando que las prestaciones de dichos servicios serán costeadas por esta comunidad indígena. Hecho que, ha comprometido la salud de varios de nuestros miembros más vulnerables, niños y ancianos.

4. Rechazamos rotundamente los señalamientos contra nuestra comunidad de ser miembros de las FARC y exigimos respeto por nuestra guardia indígena.

5. Exigimos a las autoridades, organismos de control y organizaciones nacionales e internacionales que velan por los Derechos Humanos, para que pronto seamos reubicados en una zona idónea para nuestras labores agrícolas, de medicina ancestral y de protección y conservación ambiental.

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