9 meses tienen los Alcaldes de Yopal, Recetor, Nunchía, Chámeza, Aguazul, Maní y el ICBF, para adecuar el Centro Transitorio que alberga a menores infractores, según lo dispuesto el Tribunal Administrativo de Casanare en respuesta a una Acción Popular interpuesta por la Defensoría del Pueblo.

Desde el 2016 la Defensoría del Pueblo ha advertido los problemas de insalubridad, inseguridad, hacinamiento e instalaciones inadecuadas para albergar a los menores infractores en el Centro de Atención Especializada “Granja Manare”.

Para la fecha en que se interpuso la acción, se citaba los problemas de salubridad debido al rebosamiento de los pozos sépticos existentes.

El Contencioso Administrativo es preciso en señalar que los municipios tienen 3 meses para definir aspectos administrativos en lo que respecta a planeación, consecución de recursos y contratación y seis meses para la ejecución.

Recientemente se han presentado varios episodios de fuga de adolescentes de ese centro de rehabilitación.