Personal removido en Ceiba por Carlos Andrés Cifuentes y en el IDRY por Pablo Inocencio Rivera, durante el periodo de Ley de Garantías alista acciones contra las Entidades, tras conocer el fallo de la Procuraduría Regional de Casanare que dejó en firme la suspensión de ambos funcionarios por esas decisiones administrativas, ratificando las suspensiones que habían sido proferidas inicialmente por la Personería Municipal.

La Procuraduría tipificó la conducta como una falta grave a título de culpa gravísima por desatención elemental, al modificar la nómina del personal Directivo de las Entidades en época de ley de garantías, según el Personero Municipal César Figueredo.

Aunque la sanción de suspensión ya fue pagada, ahora los señores Cifuentes y Ávila, deberán afrontar las demandas por los funcionarios removidos quienes seguramente pedirán ser indemnizados.

Figueredo señaló que no se trata de ninguna persecución, sino que obra de acuerdo con el debido proceso y la norma disciplinario.

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