Las casetas ubicadas frente al Hospital Regional de la Orinoquia de Yopal serían desalojadas de acuerdo con una Acción Popular promovida por el Procurador 72 Judicial y Administrativo, Wilson Mesa, quien interpuso una demanda contra las Secretarías de Planeación, Salud, Idury, Gobernación de Casanare y Enerca, al señalar que las Entidades y los comerciantes vulneran los derechos colectivos.

La demanda contempla la indebida ocupación del espacio público, deficiencia en servicios públicos, permisos de salubridad emitidos por la Secretaría de Salud Municipal para preparar alimentos y la conexión al sistema de energía de alta tensión.

Carolina Ángel, Presidente de la Asociación de Casetas, Acoeshoyo dijo que son argumentos falsos; que están ubicados en un lote que pertenece legalmente al Municipio, el Idury certificó que se trata de un predio del Municipio, que cuentan con certificados de manipulación de alimentos y todos los requerimientos de salubridad que han pedido, y que cuentan con matrículas legales para los servicios de Acueducto y energía.

Son 23 casetas las que generan alrededor de 5 empleos en cada una, señaló Ángel, al insistir que el proceso inició bajo la Administración del Alcalde Jorge García quien en el 2015 firmó un contrato con un tercero, quien además es el suegro del mandatario, Antonio José Gutiérrez, quien hizo algunas adecuaciones al terreno cuando ya había comerciantes, buscaban que los pequeños y medianos empresarios pagaran un arriendo, estipulando que por cada metro cuadrado debían cancelar once mil pesos.

La señora Ángel informó que detrás de ese desalojo hay algunos políticos que quieren posesionarse del terreno y señaló que Antonio José Gutiérrez, contratista del terreno y suegro del ex Alcalde Jorge García, cedió el contrato a la Sociedad Transportes y Servicios del Oriente SAS con quienes sostuvieron conversaciones, pero como no se hicieron las adecuaciones tampoco procedieron a pagar canon de arrendamiento.

El terreno fue sub arrendado para parqueadero, hecho que fue denunciado en su momento por algunos concejales debido a los excesivos cobros que se pretendía realizar, por lo que se dio una terminación unilateral del contrato.

Carolina dijo que los comerciantes han evitado invasiones de parte de extranjeros y han ahuyentado a los consumidores de estupefacientes. Llamaron la atención del Alcalde Luis Eduardo Castro quien en campaña se comprometió con apoyarlos y hoy manifiesta que esa invasión está afectando al municipio.

La defensa de los comerciantes la ejerce el abogado Lennin Bustos, quien señaló que los propietarios de las casetas hacen parte de la Acción Popular y con el pago de impuestos, declaración de renta, cámara de comercio, pago de servicios pretenden defender el derecho al trabajo.