Al considerar que la ciudad de Yopal ya cuenta con un suministro de agua potable con calidad y continuidad, el Tribunal Administrativo de Casanare declaró cumplida la medida definitiva y ordenó el archivó del proceso de la acción popular interpuesta por Wilfran Amadeo Castrillo contra diferentes entidades para lograr el propósito de que se brindara el líquido vital.

La decisión se conoce justamente cuando se conmemoran 12 años de la destrucción total de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, ubicada en la vereda Buenavista de Yopal, como consecuencia de un siniestro natural consistente en un movimiento de masa que dejó a toda la población sin agua y generó diferentes manifestaciones públicas para que se diera una solución urgente.

Explicó el Magistrado José Antonio Figueroa que durante el proceso se declaró la violación de los derechos colectivos y se reclamaron medidas para proteger los derechos fundamentales, lo que permitió invocar a cuatro entidades, Gobernación de Casanare, Alcaldía de Yopal, Fondo de Adaptación y Empresa de Acueducto de Yopal para que construyeran los sistemas que fueran necesarios para garantizar el suministro de agua potable para ciudad de Yopal.

Durante el proceso se construyeron pozos profundos, la planta modular, la planta conciliada, que inicialmente satisficieron las necesidades de suministro de agua.

Igualmente se construyó la solución definitiva para lo cual se proyectó, diseñó y construyó la planta de tratamiento financiada por el Fondo de Adaptación que se encargó del 40% del costo, Gobernación de Casanare 35%, Municipio de Yopal 20% y la Empresa de Acueducto de Yopal el 5%, las entidades escogieron a Findeter para la construcción, explicó el Magistrado Figueroa.

El Tribunal Administrativo de Casanare adelantó el control y seguimiento con respecto a la ubicación de la planta, la interconexión directa desde la planta definitiva hasta la ciudad de Yopal para cual se hicieron los correspondientes llamados y requerimientos, que sin embargo no se han cumplido en su totalidad.

Aunque se archivó el proceso de la acción popular, se compulsaron copias a la Procuraduría y organismos de control para que continúen con las investigaciones a que se dé lugar.