El abogado Lennin Humberto Bustos Ordoñez denunció Penalmente al Alcalde de Yopal Luis Eduardo Castro y al Gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Jairo Bossuet Pérez, por los presuntos delitos de prevaricato por acción y fraude a resolución judicial por temas relacionados con el proceso del nuevo terminal de transportes y los contratos recientemente firmados para manej de aguas negras y el relleno Cascajar.

Indica la denuncia del terminal, que el Plan de Desarrollo tenía como meta la construcción de un nuevo terminal de transportes, que el predio en el que se va a construir dicho terminal inicialmente hacia parte de una extensión de 22 hectáreas, que se materializó a través de una escritura pública en el año 2006 donde bajo el mandato de Nelson Mariño se procedió a enajenar el predio por valor de 33 millones de pesos al Comité Regional de Ganaderos, de las cuales se reservaron 4 hectáreas para la construcción de un complejo agroindustrial, que finalmente no se llevó a cabo.

Bustos señala en la denuncia que se surtió un proceso jurídico y en derecho, se resolvió que no se podía enajenar el predio y que seguía siendo de propiedad del municipio, sin embargo, desde la Alcaldía se permitió la desagregación del predio y se expidieron licencias para construcciones de particulares.

Según el abogado, lo más preocupante es la enajenación de tres hectáreas del predio correspondiente al municipio, a un particular (dueños del frigorífico Frontino) el cual se pude constatar a través del certificado de tradición y libertad.

Y explicó que dentro del negocio de conformación de la sociedad de economía mixta figura el particular que compró las tres hectáreas, pero las valoró en 14 mil millones de pesos, es decir la Administración Municipal está pagando por un predio que le pertenece y que además no podía enajenar.

Otra denuncia también hace referencia al contrato firmado por la Empresa de Acueducto con el objeto “Transferencia Tecnológica de la PTAR existente con tecnología KWI usando el nombre de una empresa extranjera que fabrica plantas para generar tratamiento de aguas residuales. Contrato que se firmó con Nelson Javier Suescun  Gómez,  quien tiene antecedentes de haber incumplido a nivel nacional con la supuesta misma tecnología, según Bustos.