Residentes del barrio Ciudadela Santa Marta en Yopal, en cabeza de Nathalia Torres, expresaron su preocupación por una serie de incumplimientos e irregularidades relacionadas con la entrega de lotes y servicios en la urbanización. Según la vicepresidenta de la junta de acción comunal, el proyecto, lleva en desarrollo más de cuatro años, con todos los líos sobre la titularidad de los predios a los compradores e igualmente la entrega de zonas verdes, iluminación, servicios públicos y conflictos por la propiedad de algunos terrenos.

Torres señaló que la urbanización, gestionada inicialmente por la empresa Rivarca, presentó fallos en la asignación de lotes, tuvo como una de las vendedoras a la exconcejal Ximena Cárdenas, llegando a vender múltiples veces los mismos predios a diferentes compradores, por lo que generó la incertidumbre entre los propietarios, quienes han tenido que acudir a procesos legales para aclarar la titularidad de los terrenos. “Muchos de los afectados fueron reubicados en otro proyecto, pero persisten los problemas legales y los incumplimientos”, agregó.

Dentro de los problemas están las dificultades con la iluminación pública y aunque han gestionado mejoras con empresas de servicios públicos, la falta de entrega oficial de las zonas comunes al municipio limita las intervenciones necesarias. “Nos dijeron que hasta que el barrio no sea entregado al municipio no podemos recibir mejoras como iluminación LED”, explicó Torres.

En cuanto a las zonas verdes y las vías, identificaron inconsistencias en los mapas y denuncian que una calle principal sigue cerrada por conflictos entre la constructora y una empresa privada. La junta de acción comunal solicitó mesas de trabajo con la administración municipal para lograr avances, pero las reuniones han sido infructuosas.

La resolución expedida en la administración anterior, que establece obligaciones claras para la constructora, está próxima a cumplirse. Los líderes comunitarios instan tanto a Rivarca como a las autoridades municipales a cumplir con los compromisos adquiridos para garantizar la legalidad y habitabilidad del sector.