Un grupo de 13 concejales de Yopal radicó los requisitos de procedibilidad para iniciar una Acción Popular con el objetivo de solicitar medidas cautelares de urgencia frente a la actualización catastral realizada mediante un convenio interadministrativo firmado por la administración municipal de Luis Eduardo Castro.

La iniciativa busca que los jueces intervengan para revisar las presuntas irregularidades en la ejecución del contrato, que fue suscrito entre el municipio y el gestor catastral Catasig por 7.200 millones de pesos, y cedido posteriormente a una Unión Temporal.

Según lo manifestado por los cabildantes, dentro de las anomalías detectadas se encuentra que Catasig habría asumido este contrato sin haber finalizado un proceso de gestión catastral en Sabanalarga, lo que estaría prohibido por la normatividad vigente, a lo que se suma que en un gran porcentaje el avalúo catastral se desarrolló con inteligencia artificial, lo que elevó los precios de forma exorbitada.

Los requisitos de procedibilidad fueron radicados en la Secretaría de Planeación, entidad que actuó como supervisora del contrato, además de ser enviados a la Superintendencia de Notariado y Registro. En los próximos días, la acción también será notificada a otros actores implicados.

Los concejales Leonardo Infante, John Jairo Peinado, Karen Tatiana Vargas, Ángelo Castellano, Rafael Antonio Vargas, Mauricio Efraín Rosos, Gonzalo Vianchá, Cristóbal Torres, Wilson María García, Andrés Mariño, Gustavo Adolfo Martínez, Jesús Alberto Vega y Reinaldo José Medina lideran la acción, con el apoyo de ciudadanos que prefieren mantenerse en reserva.

Además, se anunció que el 1 de marzo, al inicio del periodo de sesiones, se llevará a cabo un debate de control político para analizar a fondo las posibles irregularidades en el proceso.

Una de las primeras solicitudes está encaminada a que se entregue la información o el insumo entregado por Catasig para analizar qué ponderación, qué herramientas e instrumentos se usaron para efectuar la actualización catastral.

Se busca aplazar la aplicación de actualización catastral.