Durante un debate de control político, el concejal de Yopal, Leonardo Infante dio a conocer otro caso de posible corrupción y despilfarro de recursos por parte de la Alcaldía de Luis Eduardo Castro a través de un convenio firmado con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, con el fin de obtener la TIC multipropósito encargada de la actualización catastral del municipio. 

Según lo expuesto, de los 4.500 millones de pesos invertidos en este proyecto, el único producto tangible fue una Ortofoto, lo que ha generado serios cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos. Se destaparía otra olla podrida del ex alcalde Luis Eduardo Castro, en este millonario convenio con la Empresa de Acueducto de Yopal, que no arrojó ningún producto, ¿qué pasó con el dinero?

De otra parte, el concejal explicó que, desde el 21 de febrero, cuando se inició la impresión de los impuestos prediales, se empezó a investigar la trazabilidad del convenio. Posteriormente, el 27 de febrero, se radicaron los requisitos para instaurar una Acción Popular que busca esclarecer el uso de estos recursos y determinar responsabilidades.

El debate también evidenció la falta de respuesta de Catasig, empresa que no se presentó a la sesión a pesar de haber sido citada. Asimismo, se cuestionó la legalidad de la adjudicación directa de los contratos y la falta de supervisión por parte de la administración municipal.

Uno de los puntos más críticos señalados por el cabildante fue la entrega de un 70% del total del convenio en un corto periodo, a pesar de la suspensión del contrato por dos meses y la falta de infraestructura adecuada para operar. Además, se destacó que funcionarios que participaron en la supervisión continúan vinculados a contratos adicionales.

 La investigación también apunta a la administración anterior, señalando que, en 2022, Yopal ya contaba con herramientas suficientes para haber gestionado su propio catastro sin necesidad de recurrir a un convenio externo. Se comparó con el caso de Sabanalarga, que logró este proceso en menos de tres meses.

En cuanto a las acciones para mitigar el impacto en los contribuyentes, se destacó que la administración municipal amplió el plazo de pronto pago del impuesto predial hasta noviembre. Además, se evalúa la posibilidad de modificar la tarifa a través de un acuerdo municipal para aliviar la carga económica de los yopaleños.

El concejal insistió en que la acción popular presentada busca garantizar la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público, solicitando la intervención de magistrados para analizar la legalidad de los procesos contractuales y determinar eventuales responsabilidades tanto en la administración anterior como en la actual.