El Tribunal Administrativo de Casanare admitió la acción popular interpuesta por un grupo de concejales de Yopal contra la actualización catastral realizada en 2024 por la empresa CATASIG y sus efectos en el incremento del impuesto predial para 2025.

El tribunal otorgó un plazo de cinco días hábiles para que la Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia y la Alcaldía de Yopal se pronuncien respecto a la medida cautelar solicitada en la demanda. Dicha medida busca suspender temporalmente la entrada en vigencia de los nuevos avalúos catastrales, con el fin de evitar un impacto negativo en la economía de los contribuyentes.

La acción popular fue promovida por los concejales Leonardo Infante, Jhon Jairo Peynado, Karen Vargas, Angello Castellanos, Rafael Vargas, Cristóbal Torres, Mauricio Rozo, Gonzalo Vianchá, Reinaldo Medina, Wilson García, Gustavo Martínez y Andrés Dainhover Rodríguez. Como accionados aparecen la Superintendencia de Notariado, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el Municipio de Yopal y la empresa CATASIG, encargada de la gestión catastral.

Según el concejal Leonardo Infante, la demanda expone presuntas irregularidades en la contratación y ejecución de la actualización catastral, incluyendo la tercerización del servicio y la falta de idoneidad de la empresa contratada. Además, destaca que los nuevos avalúos catastrales presentan incrementos desproporcionados que no reflejan la realidad económica del municipio, afectando a cerca de 90.000 predios.

El documento también señala que el aumento del avalúo catastral impactará otros aspectos financieros de los ciudadanos, como la declaración de renta y la clasificación para acceder a programas sociales.

Mientras se desarrolla el proceso judicial, diferentes sectores ciudadanos siguen exigiendo una revisión de los nuevos valores y una solución efectiva a la crisis generada por la actualización.