Un fallo de la Corte Constitucional le dio la razón al municipio de Yopal en la disputa jurídica con el sector bancario, permitiendo que las entidades financieras paguen la tarifa máxima del impuesto de Industria y Comercio (ICA), fijada en el 20 por mil. La decisión, considerada histórica, fue liderada por la defensa jurídica del municipio y el abogado Gonzalo Ramos Rojas, quien representó a la administración en este proceso.

El caso se originó tras la modificación del Estatuto Tributario municipal, que incrementó progresivamente la tarifa del ICA para los bancos, pasando del 5 por mil al 20 por mil. La medida fue demandada por el sector financiero, argumentando que debía aplicarse el mismo límite que en Bogotá. Sin embargo, el municipio defendió su autonomía territorial y sostuvo que su realidad económica es distinta, por lo que estaba facultado para fijar una tarifa superior dentro del marco legal.

El proceso jurídico atravesó varias instancias, incluyendo decisiones adversas en el Consejo de Estado, hasta que el caso llegó a revisión de la Corte Constitucional mediante acción de tutela. Finalmente, el alto tribunal unificó jurisprudencia y determinó que los municipios sí tienen la potestad de definir este tipo de tributos, ratificando la validez de la tarifa adoptada por Yopal y cerrando el debate jurídico a nivel nacional.

Con este fallo, se estima que el municipio podría recibir entre 15 mil y 20 mil millones de pesos adicionales cada año, recursos que serán destinados a obras públicas, infraestructura y seguridad. Además, la decisión sienta un precedente que permitirá a otras ciudades capitales del país aplicar medidas similares, fortaleciendo sus finanzas y autonomía fiscal.