Voceros de la Veeduría Dignidad Catastral del Casanare y de la Fundación Little Guardians anunciaron nuevas acciones jurídicas y penales relacionadas con la actualización catastral adelantada en Yopal por la empresa Catasig.

Luis Pérez, vocero de la organización aseguró que desde 2025 han liderado reclamaciones técnicas y jurídicas frente a los incrementos registrados en el avalúo predial, señalando que los aumentos alcanzaron promedios superiores al 200 % en distintos estratos de la ciudad.

El líder ciudadano explicó que recientemente fue radicada una acción de nulidad simple contra las resoluciones YPL01, YPL02 y YPL03, argumentando presuntas irregularidades en la competencia jurídica de Catasig para ejercer la gestión catastral en Yopal. Según sostuvo, la habilitación otorgada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi correspondía al municipio de Sabanalarga, Atlántico, y no directamente a la empresa operadora Catasig. La demanda busca que se suspendan los efectos de la actualización y que el impuesto predial vuelva a liquidarse con la base catastral anterior mientras se resuelve el proceso judicial.

La veeduría también confirmó que presentó una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investiguen posibles responsabilidades en la contratación y ejecución del proceso catastral.

Asimismo, solicitó al Juzgado Administrativo Oral 05 de Yopal y al Tribunal Administrativo de Casanare dar prioridad a las acciones judiciales en curso, al considerar que el caso afecta masivamente a miles de contribuyentes del municipio.

Los voceros pidieron además a la administración municipal suspender los cobros coactivos e intereses moratorios mientras se define el futuro jurídico de la actualización predial.

Durante el pronunciamiento, los representantes de la organización insistieron en que su trabajo ha sido independiente y sin intereses políticos, aunque cuestionaron la actuación de algunos concejales y líderes políticos que recientemente se sumaron al debate. Finalmente, señalaron que sostienen reuniones con el gobernador de Casanare y autoridades locales para impulsar la creación de un gestor catastral propio para el departamento o el municipio, con el propósito de que la gestión de la información predial quede en manos de entidades de la región.