Habitantes del sector de Caño Seco, en la carrera 18 con calle 17 de Yopal, manifestaron su preocupación por las condiciones de salubridad y seguridad que, según denuncian, se presentan desde hace varios años en un predio habilitado como chatarrería y centro de acopio de material de reciclaje en la zona. De acuerdo con testimonios de los residentes, la acumulación de materiales y residuos está generando malos olores, proliferación de roedores y zancudos, así como afectaciones a la calidad de vida de quienes habitan en los alrededores.

Los denunciantes aseguran que la situación ha sido puesta en conocimiento de diferentes entidades municipales, entre ellas autoridades de salud, Policía y administración local, sin que hasta el momento se hayan adoptado soluciones definitivas, incluso señalan que un abogado familiar de los propietarios del predio laboraría en la Alcaldía y estaría protegiendo desde hace años la existencia de ese establecimiento a pocas cuadras del centro administrativo local. 

Según relatan, el problema se convirtió en un foco permanente de preocupación para la comunidad, especialmente por la presencia de menores de edad que residen en viviendas cercanas y que podrían verse expuestos a riesgos sanitarios y de seguridad.

De manera adicional, algunos vecinos expresaron temor por posibles represalias y solicitaron mantener en reserva su identidad, pues afirmaron que uno de los residentes tiene múltiples anotaciones en los registros judiciales de las autoridades y relacionaron dos incendios registrados en el pasado en el local, con represalias delincuenciales. También señalaron que en el lugar se presentarían actividades durante horas de la noche asociadas a la llegada frecuente de habitantes de calle y personas dedicadas al reciclaje, situación que, afirman, incrementa la percepción de inseguridad en el sector. Indican en voz baja que en el sector se estarían comercializando estupefacientes, lo que estimula la presencia de todo tipo de consumidores.

Ante estas denuncias, la comunidad hizo un llamado a las autoridades competentes para que realicen una inspección integral del predio, verifiquen las condiciones sanitarias y de convivencia denunciadas y adopten las medidas que correspondan dentro del marco legal. Los residentes esperan que se garantice tanto el bienestar de las personas que habitan el inmueble como el derecho de los vecinos a vivir en condiciones adecuadas de salubridad y seguridad.