El Concejo Municipal de Yopal, a través de su abogado Rusbín Torres Mogollón, aseguró que el trámite de los proyectos de acuerdo 012 y 013 de 2026 no se encuentra suspendido por falta de voluntad de la corporación, sino como consecuencia de las denuncias penales y disciplinarias presentadas por la secretaria de Infraestructura contra 11 de los 17 concejales, situación que derivó en impedimentos, renuncias a ponencias y posteriores recusaciones que, según el reglamento y la ley, impiden a los cabildantes continuar con el estudio de las iniciativas.

El asesor jurídico del Concejo explicó que la corporación actuó conforme a la Constitución, la Ley 136 y la Ley 1437 de 2011. Indicó que los concejales denunciados deben apartarse temporalmente de las actuaciones relacionadas con los proyectos, debido al posible conflicto de interés, mientras se resuelven las recusaciones presentadas por un ciudadano y se define la autoridad competente para decidir sobre ellas.

El funcionario también defendió la decisión de cancelar el debate de control político que estaba programado para la secretaria de Infraestructura. Afirmó que la medida no obedeció a un acto arbitrario, ni a un abuso de autoridad, sino a la necesidad de garantizar el debido proceso, ya que el debate se realizaría a pocos días de finalizar el periodo de sesiones ordinarias, lo que impedía cumplir los términos legales en caso de que eventualmente se promoviera una moción de censura.

Frente a las críticas de organizaciones sindicales quienes consideran que la situación está afectando la aprobación de proyectos como el incremento salarial para los funcionarios de la administración municipal, el asesor jurídico insistió en que el Concejo no se ha opuesto a las iniciativas. Señaló que el trámite quedó suspendido únicamente porque los concejales recusados perdieron competencia para actuar hasta que se resuelva su situación jurídica.

El Consejo informó que, una vez venza el plazo legal para que los concejales se pronuncien sobre las recusaciones, la Comisión de Ética de la corporación será convocada para decidir si existe o no conflicto de interés y permitir que continúe el trámite de los proyectos. No obstante, advirtió que, si la Procuraduría insiste en asumir la competencia para resolver el caso, podría generarse un nuevo conflicto de competencias que prolongaría el proceso y retrasaría aún más la discusión de las iniciativas.