En una mesa de trabajo con líderes comunitarios y veedurías de la Comuna 7 de Yopal, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, anunció que la salida jurídica e institucional más viable para el contrato macro de servicios públicos de la zona es la suspensión temporal. La obra, orientada a dotar de acueducto y alcantarillado a cerca de 25.000 familias de 19 barrios, requiere una adición presupuestal cercana a los 8.000 millones de pesos para culminar la Fase 1 y garantizar el funcionamiento de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR).

El proyecto, adjudicado en 2022 con un plazo de ejecución inicial de 12 meses, presenta un extenso historial de prórrogas e inconsistencias administrativas que lo llevaron a ser objeto de un Procedimiento Administrativo de Control (PAC) por parte del Departamento Nacional de Planeación. Aunque la presente administración logró destrabar los embargos y elevar la ejecución física al 95% a través de Acuatodos, el recorte de regalías departamentales ha dejado a la Gobernación sin flujo de caja inmediato para asumir la adición presupuestal faltante.

La crisis de infraestructura impacta de forma directa a sectores como Salomé 2 y Getsemaní. Voceros comunitarios y de la veeduría expresaron su angustia ante cobros excesivos derivados de la avería de un macromedidor, la imposibilidad de avanzar en la individualización de contadores y el estancamiento en la compra de las bombas sumergibles necesarias para el sistema. Asimismo, los líderes advirtieron sobre los riesgos de salubridad por el colapso de pozos sépticos y los peligros derivados de la falta de señalización en excavaciones y pozos de inspección abrumados por la temporada invernal.

Frente a las alternativas de rescate, el mandatario descartó la liquidación del contrato por considerar que dejaría la infraestructura inconclusa y sin funcionalidad, manifestando que la suspensión permitirá ganar tiempo para conseguir las fuentes de financiamiento requeridas. Entre las opciones de liquidez examinadas por el Gobierno Departamental figura la reasignación de partidas presupuestales de otros proyectos, el cobro de 11.000 millones de pesos pendientes de devolución por la Contraloría o la eventual presentación de una solicitud de endeudamiento destinada exclusivamente a concluir proyectos heredados en el departamento.