La Secretaría de Educación de Yopal, Carmenza Motta confirmó el retiro del proyecto de acuerdo mediante el cual se pretendía asignar $17.000 millones provenientes de un empréstito para infraestructura educativa, recursos que incluían inversiones relacionadas con la institución educativa Centro Social. La funcionaria atribuyó la decisión a la inconformidad manifestada por integrantes de la comunidad educativa, quienes, según explicó, no contaban con información suficiente sobre el alcance del proyecto y consideraban que no se estaba garantizando lo acordado previamente.
La secretaria señaló que, ante la falta de consenso y la situación presentada en el Concejo Municipal, la administración decidió retirar la iniciativa. Advirtió que, con esta decisión, los recursos del empréstito destinados a estas obras no llegarían al municipio, afectando no solo al Centro Social sino también a otras instituciones que requieren intervenciones urgentes. Entre ellas mencionó los colegios El Triunfo, Lorgio Rodríguez y Braulio González, además de necesidades en La Chaparrera, San Rafael y Bosques de Sabanas. Según la funcionaria, actualmente existen 224 páginas de requerimientos relacionados con infraestructura educativa en Yopal.
Sobre el Centro Social, la secretaria aseguró que la administración venía adelantando gestiones y que se habían realizado actas y mesas de trabajo para avanzar en el cumplimiento de compromisos. Explicó además que el proyecto retirado contemplaba recursos necesarios para los estudios y diseños del nuevo plantel, que estaría proyectado en un lote ubicado en el sector del terminal de transporte. Frente a versiones anteriores sobre un terreno cercano a la Policía, aclaró que ese predio no resultaba viable técnicamente debido a las condiciones establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
La funcionaria manifestó preocupación por las condiciones actuales de los estudiantes del Centro Social, al señalar que permanecen en un lugar con hacinamiento y una reciente situación sanitaria. Precisó que las instalaciones son arrendadas por el municipio y que, al no ser de propiedad pública, la administración no puede realizar directamente determinadas intervenciones. Sin embargo, indicó que una vez la situación sea formalmente comunicada por la rectora, la Secretaría de Educación realizará los requerimientos correspondientes al propietario del inmueble para buscar una solución.