El abogado César Aranguren denunció presuntas irregularidades en la liquidación de sanciones tributarias por parte de la Secretaría de Hacienda de Yopal y pidió a la Alcaldía revisar los procedimientos aplicados a los contribuyentes. Según explicó, remitió una comunicación formal a la Administración Municipal para solicitar aclaraciones sobre la aplicación del Acuerdo 012 de 2026, que contempla beneficios para reducir sanciones tributarias. El jurista advirtió que algunos procedimientos podrían estar generando cobros que considera desproporcionados y afectaciones económicas para empresas y ciudadanos.

Como ejemplo, Aranguren expuso el caso de una empresa comercializadora que registra ingresos nacionales por $20.000 millones, de los cuales $19.000 millones corresponden a operaciones realizadas fuera de Yopal y $1.000 millones a actividades en el municipio. De acuerdo con su denuncia, la Administración Municipal habría calculado una sanción por no presentar información tomando como base $39.000 millones, al sumar cifras que, según el abogado, ya estaban incluidas en los ingresos reportados. La sanción se habría mantenido en aproximadamente $373 millones, pese a que, según Aranguren, en la respuesta al recurso de reconsideración se reconoció que existía un error en la inclusión de los $19.000 millones.

El abogado señaló que la diferencia en la base de cálculo tiene consecuencias económicas para el contribuyente. Según sus estimaciones, si se tomaran como referencia los $20.000 millones de ingresos nacionales, la sanción reducida al 10 % podría quedar en $20 millones, frente a los cerca de $37 millones que, según su planteamiento, tendría que pagar la empresa si se aplica ese porcentaje sobre una sanción calculada a partir de los $373 millones. Además, sostuvo que podría existir la posibilidad de aplicar reducciones adicionales contempladas en el artículo 640 del Estatuto Tributario, por lo que pidió revisar la interpretación normativa utilizada en el procedimiento.

Aranguren también manifestó preocupación por otros procesos tributarios que, según afirmó, involucran a comerciantes, ganaderos y arroceros. Aseguró que ha identificado casos en los que se habrían iniciado actuaciones relacionadas con el impuesto de industria y comercio (ICA) sobre actividades agropecuarias primarias que, según su interpretación, no estarían gravadas por ley. Asimismo, cuestionó procedimientos de notificación en algunos expedientes antiguos, pues afirmó haber encontrado situaciones en las que los contribuyentes presuntamente no recibieron las comunicaciones correspondientes. Por ello, pidió verificar cada caso y garantizar el debido proceso antes de imponer sanciones.

El abogado hizo un llamado al alcalde de Yopal y a la Secretaría de Hacienda para que revisen los expedientes y aclaren los criterios utilizados en la liquidación de las sanciones. También advirtió que, de no encontrar respuesta dentro de la Administración Municipal, podría acudir a instancias como Control Interno y la Procuraduría para que se evalúen las posibles responsabilidades disciplinarias.