Para el Presidente de la Sociedad de Arquitectos de Casanare, José Andrés González, son más de 900 las solicitudes para aprobación de licencias de construcción que se encuentran represadas en la Oficina de Planeación de Yopal.

Atribuyó la situación a la inestabilidad administrativa en el municipio, más que a la presunta corrupción en los trámites respectivos.

Dijo que los proyectos para la construcción de edificios de 10 pisos no son los que dinamizan la economía y la industria de la construcción, sino los proyectos para la construcción de viviendas hasta de tres plantas.

“Confiamos que para el próximo mes hayan nuevas construcciones para generar empleo”, enfatizó el dirigente gremial.

Sostuvo que el año pasado hasta octubre se aprobaron 1.500 licencias para construcción y en la actual vigencia solo 350.

Tramitadores

Los tramitadores en la Oficina de Planeación de Yopal para la aprobación de licencias de construcción están desplazando a los arquitectos, a juicio del Presidente del gremio en el departamento, José Andrés González.

Solicitó al Director de Planeación, Rafael Niño Cuenza, que no permita la intermediación para esas diligencias porque le generan costos a quienes necesitan autorizaciones para construir o remodelar viviendas en la ciudad.

Hay tramitadores que elaboran hasta los planos que son anexados a las solicitudes para la aprobación de las licencias de construcción, expresó González.

Corrupción

Por su parte el Director de Planeación, Rafael Niño Cuenza, afirmó que no se permitirá el tráfico de influencias para la aprobación de licencias de construcción en Yopal.

El funcionario se reunió ayer tarde con ingenieros y arquitectos para conocer las reclamaciones por el retraso en los trámites que se demoran hasta seis meses.
Los tramitadores son personas externas que no laboran en Planeación, agregó.

Dijo que se propone recuperar la credibilidad de la dependencia que representa ante los constructores y la comunidad.

Entre tanto persisten las denuncias con nombre propios contra por lo menos tres funcionarios de Planeación municipal que demoran las licencias y que exigirían dinero a cambio de aligerar los procesos.