La impericia en la conducción de motocicletas sigue cobrando vidas en Yopal.

 En un hecho histórico para la participación y organización juvenil rural.

 Hasta la fecha, en Yopal se han inscrito tres listas de jóvenes independientes: Colectivo Extremo, Latido Juvenil y Juventudes sin Barrera, esta última registrada recientemente.

 Con tan solo 17 años, Dana Cruz, ha asumido el reto de liderar una lista independiente para aspirar al Consejo Municipal de Juventud, representando a la población con discapacidad.

 Se han presentado reiteradas situaciones de irrespeto a estas zonas exclusivas.

 Se adelantó una segunda jornada con los rectores de las instituciones educativas y los profesionales de la Secretaría de Educación, con el objeto de fortalecer la gestión directiva.

 Se presentó un proyecto para la intervención correctiva en el sector del puente vehicular de acceso a la vereda La Manga. 

 562 yopaleños fueron certificados en habilidades digitales.

 Este proyecto de la ciudad que no tiene dueño político: le pertenece a Yopal, a Casanare y a su gente, según la veeduría.

 Vehículos bloquean la rampa de acceso destinada a personas con movilidad reducida.

 El hombre lleva al menos seis meses en la zona, durmiendo a la intemperie y haciendo sus necesidades en los alrededores.

 En temas como la convivencia escolar; educación inclusiva; plan de movilidad en las instituciones educativas del municipio y la gestión de inventarios y almacén.

 Si alguien conoce algún caso y necesita asesoría para denunciar, puede acudir a la Casa de la Mujer y la Familia, ubicada en la transversal 10 # 13 – 58 barrio Luis María Jiménez.

 Perenco aportará $42 millones, representados en materiales y horas máquina. 

 Este millonario atraso en el pago del servicio de energía pone nuevamente en evidencia la mala administración de parte de Nacua y principalmente de su gerente Nelson Orozco, que demuestra la situación crítica en que se entregó el Parque Acuático. 

Los afectados señalan que el espacio público es un derecho colectivo y su defensa es responsabilidad del Estado. “No se trata de atacar la inversión privada, sino de exigir que se cumpla la ley y se respete la dignidad de quienes vivimos aquí”, señalaron.