Durante la primera mesa de trabajo en la Alcaldía de Aguazul, por el asentamiento de familias campesinas en el predio “La Ponderosa”, para reclamar su derecho al acceso a la tierra, se conoció que 200 hectáreas del terreno estarían arrendadas por un millón 600 mil pesos, dijo Jaime Cortés, miembro del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación General de Trabajo (CGT), que respalda a las familias.

Según Cortés, a la reunión en la que participaban representantes de las familias, las autoridades de Policía en el Municipio y el Secretario de Gobierno de Aguazul, acudió un señor de apellido Valderrama, agricultor del municipio de Maní, como reclamante del predio, con un contrato que consideraron ilegal, y del cual la Policía tomo copia pero no quiso compartir con la comunidad.

Para la comunidad, el contrato no tiene ninguna validez, es totalmente ilegal, porque la persona a la que le están pagando el arriendo no figura ni siquiera en el Certificado de Tradición como tenedor de la, antigua, Dirección Nacional de Estupefacientes, hoy Sociedad de Activos Especiales (SAE)

“Lo más triste es que el millón 600 de arriendo no se sabe a quién se lo están pagando, porque no es al estado colombiano que es el dueño de las tierras”, dijo Cortés.

Agregó que las denuncias ya están en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación, y que incluso tienen un video por si tratan de cambiar el Contrato, pues “si hicieron una orden de lanzamiento escrita a mano, podemos pensar en lo irregular del procedimiento y en que son capaces de todo”.