El ex Gobernador del departamento de Boyacá, Juan Carlos Granados, tendría que responder por los recursos de educación de los boyacenses, provenientes del Sistema General de Participaciones – SGP- correspondientes a la vigencia 2015, que se perdieron por presunta falta de seguimiento y supervisión de la Gobernación, a través de 2 contratos de servicios educativos que terminaron ejecutándose por subcontratistas.

Las irregularidades fueron detectadas por la Contraloría en la ejecución de los Contratos de Prestación de Servicios números 1627 y 1719 de 2015, celebrados por la Gobernación de Boyacá con las fundaciones ITEDRIS y LUMIERE, con el fin de atender a los estudiantes matriculados en las instituciones educativas oficiales de los municipios del departamento.

Múltiples irregularidades

La cuantía sumada de ambos contratos, superó los $5 mil 552 millones de pesos, pero no sólo se evidenció la entrega de materiales contratados por fuera de las condiciones previstas en la contratación, sino que se pudo constatar el incumplimiento de los perfiles de los facilitadores, la inobservancia de la reglamentación establecida por la Secretaría de Educación para el reporte de información y entrega de materiales a supuestos estudiantes no registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil – SIMAT.

También se encontraron casos de estudiantes no registrados pero sí contabilizados para pago por parte de las Fundaciones, así como falta de correspondencia entre los números de identificación reportados y los efectivamente registrados, entre otras irregularidades evidenciadas por la Contraloría General de la República.

Fundaciones contratadas no operaron los contratos

A través del Contrato N° 1719 de 2015, suscrito con la Fundación LUMIERE, la Gobernación de Boyacá buscaba implementar el “Modelo Identidades” al que se le asignaron 58 instituciones educativas, para la atención de 4.105 estudiantes en 38 diferentes municipios del departamento.

En el caso de la Fundación ITEDRIS, el modelo a implementar se denominaba “Red de Conocimientos” y pretendía atender 2.428 estudiantes de 36 instituciones educativas a lo largo de 22 de los municipios del departamento.

La Fundación LUMIERE suscribió el Contrato a través de su entonces representante legal, Carlos Eduardo Sánchez Méndez. Sin embargo, el señor Sánchez Méndez subcontrató con el señor Juan Carlos Rodríguez Cárdenas, a través de la figura del licenciamiento, los servicios educativos que se le habían adjudicado, a cambio del 7% del valor del contrato.

Lo anterior, llevó a la Contraloría a cuestionar los criterios de selección del contratista usados por la Gobernación, que terminó contratando una Fundación que no operó el programa.

Kits estudiantiles no fueron entregados

Según lo establecido en el numeral 3° de la cláusula 9° del contrato, la Fundación LUMIERE debía entregar a cada uno de los estudiantes los Kits escolares compuestos de 1 camiseta contramarcada, 5 cuadernos cosidos de 100 hojas cada uno, 1 lápiz, 1 borrador y 1 sacapuntas.

Revisadas por el equipo de la Contraloría las planillas de entrega, se pudo evidenciar que los estudiantes no recibieron la totalidad de los elementos contratados en los mencionados Kits, dineros pagados por la Gobernación, y que no obtuvieron contraprestación alguna por parte del contratista. Dicha omisión no solo representó un incumplimiento contractual, sino que afectó los derechos de la población beneficiaria de los programas educativos.

En solo cuadernos, por ejemplo, se dejaron de entregar 1.839 unidades, afectando directamente a 613 estudiantes, lo que según el valor unitario reportado en las facturas representa un detrimento patrimonial, solo por los cuadernos, de casi $5 millones de pesos.

Los errores en la validación del número de estudiantes atendidos, por su parte, llevaron a que la Gobernación pagara a favor del contratista servicios que no habían sido prestados y que no correspondían a la atención efectiva de los estudiantes en los términos de la contratación.

Sobreprecios en los kits estudiantiles

Adicionalmente, la Contraloría evidenció sobreprecios en los Kits facturados por la Fundación ITEDRIS, titular del Contrato N° 1627 de 2015.

Los lápices para los estudiantes, que a precios de mercado se consiguen en un precio promedio de $338 pesos, fueron pagados por la Gobernación a $1.300 pesos; marcadores de colores que cuestan $1.220 pesos, se pagaron a $2.000; y esferos corrientes que valen en el mercado $422 pesos, los pagó la Gobernación a $1.200, entre otros.

Las irregularidades evidenciadas en la ejecución de los mencionados contratos, se habrían presentado como consecuencia de la falta de seguimiento de parte de la Gobernación, lo que trajo consigo no sólo la pérdida de más de $420 millones de pesos de los boyacenses, sino sobre todo el desmejoramiento de la calidad educativa del departamento.

Presuntos responsables

De conformidad con lo establecido por la Contraloría General de la República al culminar su investigación, al proceso de responsabilidad fiscal que se apertura como consecuencia de la misma, son vinculados no solamente las fundaciones contratistas, FUNDACIÓN LUMIERE y FUNDACIÓN ITEDRIS, sino también el Supervisor de los contratos Guillermo Palmiro Cortés Páez y la entonces Secretaria de Hacienda de la Gobernación, María Anayme Barón Durán.

Igualmente, se vincula al Gobernador de la época, Juan Carlos Granados, que en su condición de ordenador del gasto habría desatendido su deber de vigilancia y control al desarrollo de los contratos".