Un llamado a los entes de control y vigilancia que hacen presencia en el departamento, hizo el director de planeación de Casanare, Luis Eduardo Castro, para que tomen las acciones pertinentes en contra de los responsables del detrimento patrimonial, que ha generado el abandono del Parque de las Aguas en Yopal.

La solicitud la hizo el funcionario durante la audiencia de verificación llevada a cabo esta semana por el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión, a cargo de la abogada Alexandra Manuela Machuca, con la cual se dio cumplimiento a una orden judicial que falló a favor de la acción popular 2010 272, donde se solicitó a los gobiernos local y seccional recuperar dicha infraestructura y darla al servicio de la comunidad.

Esta obra inconclusa tiene una serie de aristas que hace complejo el cumplimiento de la mencionada providencia. Como punto inicial, se requieren 60 mil millones de pesos para recuperar las instalaciones, que en la actualidad presentan un grave estado de deterioro. La cifra fue dada a conocer por Arcesio Ortegón de la firma consultora Ortegón y Compañía, que fue contratada para que hiciera un balance general del estado del parque y sus posibles alternativas de solución.

El informe reportó que en el año 2001 este lugar de tipo recreativo, tenía un costo de 33.393 millones de pesos, hoy el avaluó es de 88 mil millones. El terreno donde se ubica tiene un valor de 30 mil millones de pesos y lo que queda de las obras que en su momento se alcanzaron a ejecutar, oscila por los 6.174 millones de pesos, mientras que las inversiones que se han hecho en el lugar llegan a los 12 mil millones de pesos.

Saqueo

El hecho que más indignación causó entre los asistentes fue la negligencia por parte de los gobiernos de turno. Durante los años 2010 y 2011 se mostraron indiferentes ante el saqueo de que fue objeto el parque por parte de vándalos, que hurtaron elementos como la cubierta de la cafetería, cableado de cobre, tubería y el desmantelamiento de una subestación eléctrica.

En este punto, la delegada de la Personería de Yopal acotó que esa entidad puso en conocimiento de las autoridades competentes este ilícito, que se perpetró tiempo después que se suspendió del servicio de vigilancia, ordenado por la entonces directora del Idury, María Elena España, quien fue la primera en ocupar ese cargo durante la administración de Lilian Fernanda Salcedo Restrepo, argumentando que no se requería de guardas de seguridad, porque las instalaciones contaban con su respectivo encerramiento.

Explicó que para poderse llevar las plantas eléctricas, los saqueadores además de tener amplios conocimientos en la materia, tuvieron que derribar un muro, usar un monta-carga para subirlas a una cama-baja y así poderlas sacar del parque.


Propuesta de la Gobernación

Mientras en los estrados judiciales se determinan los responsables por este detrimento patrimonial en contra del Estado, la Gobernación busca agilizar los procesos para recuperar la obra y ponerla a funcionar.

Castro dijo que de momento el ente seccional cuenta con 5 mil millones de pesos. Suma que no alcanza ni para habilitar las piscinas, pues esta labor demanda recursos por 9 mil millones de pesos.

Por eso en un término de 10 días se acordó una reunión con el alcalde Wilman Celemín para que la Alcaldía fije un techo presupuestal de inversión y de esta forma saber con exactitud el monto total con que se cuenta, para entrar a gestionar el dinero restante ante el Ocad departamental, que está próximo a reunirse.

Las proyecciones fijadas por el gobierno de Marco Tulio Ruiz Riaño, contemplan que de las 27 hectáreas que conforman el lugar, ubicado sobre la calle 24, en la vía que conduce a la sede campestre del colegio Braulio González, 13 hectáreas se destinarán al parque y en las otras 14 se construirá la villa olímpica, que es uno de los compromisos del gobernador con la comunidad deportiva. Este escenario tiene un valor aproximado de 30 mil millones de pesos y según el director de planeación el 70 por ciento de los recursos ya están asegurados.

Al final de la diligencia, la jueza Machuca fijó para el jueves 13 de febrero una nueva reunión, donde establecerán los compromisos económicos tanto de la Gobernación como Alcaldía, que permitan diseñar un derrotero de actividades, para sacar esta obra de la lista de elefantes blancos que tiene el departamento y que han sido heredados de gobiernos pasados.