Con información de eltiempo.com

Con el fin de que Fidupetrol pague dos millonarios fallos fiscales que suman un daño patrimonial de más de 100.000 millones de pesos, por haber recibido indebidamente recursos de regalías del Casanare y del Meta, la Contraloría le ha embargado en los últimos cuatro años 70.000 millones de pesos.

Desde finales del año pasado esos embargos están congelados porque la Superintendencia Financiera mantiene intervenida esta fiduciaria para su liquidación. Desde entonces la Contraloría le entregó a la Súper un listado de los bienes de Fidupetrol que tienen medidas cautelares y con los que se espera que la firma reintegre parte de lo que perdieron el Casanare y el Meta.

El primer fallo fiscal que Fidupetrol aún no ha pagado es de octubre del 2013 en el que la Contraloría encontró que esta firma le ocasionó al Casanare un detrimento de 34.000 millones de pesos al firmar un contrato de fiducia de administración con la Unión Temporal Carbones Likuen, y recibir dineros provenientes de las regalías del petróleo de Casanare. Por ese mismo caso Fidupetrol fue condenada penalmente, fallo que la firma intentó tumbar a través de una tutela que fue negada en la Corte Constitucional y que es la que tiene en líos al magistrado Jorge Pretelt.

Para que responda como responsable solidario la Contraloría decretó el embargo del establecimiento de comercio y de las acciones de la Fidupetrol, bienes que suman más de 67.000 millones de pesos, según la Contraloría. Dos meses después embargó dos Títulos de Tesorería (TES) de control monetario que tienen un valor de 5.500 millones de pesos. El organismo también mantiene medidas cautelares sobre un inmueble de Fidupetrol en Cartagena, una oficina en el norte de Bogotá, un inmueble en Zipaquirá, y de 11 cuentas bancarias.

La Contraloría, además, ha tomado acciones en contra de terceros responsables del desangre en Casanare, aunque aún en el registro no aparecen acciones en contra del ex Gobernador Whitman Herney Porras.

La misma operación irregular de Casanare fue detectada en el Meta, en donde Fidupetrol celebró un contrato de fiducia de administración con Cosacol S. A., al que ingresaron dineros públicos, y se generó un patrimonial de más de 74.000 millones de pesos. En ese caso se inició un proceso de cobro coactivo contra Fidupetrol y los demás responsables. El único que pagó lo que le correspondía, $ 5.041 millones, fue la fiduciaria Colpatria.