El Gobierno Nacional y los Gobernadores acordaron medidas excepcionales para asegurar la inversión de recursos de regalías petroleras, impactados por el ‘plan de choque’ para mitigar la drástica caída de los precios internacionales del crudo.

En primer lugar se autorizó la liberación de los excedentes de regalías petroleras generados entre 2013-2014, que permanecían colocados en títulos de deuda pública interna de la Nación o en títulos con una alta calificación de riesgo crediticio. Estos recursos que suman alrededor de cuatro billones de pesos podrán redimirse como un salvavidas para asegurar la financiación de proyectos de inversión afectados por el aplazamiento lo que ponía en vilo la terminación de proyectos prioritarios en todo el país.

Para estos recursos no se aplicarán el límite del 50% establecido para el bienio 2015-2016 –estimando que los actuales gobernadores no pueden comprometer sino la mitad de los recursos del periodo. Tampoco se aplicará el 30% de los recursos congelados en marzo pasado.

Adicionalmente, el gobierno se comprometió a agilizar los giros de los recursos a municipios y departamentos, maniatados muchas veces por las trabas burocráticas en el nivel nacional. Las dificultades y bloqueos de los Ocad han frenado la ejecución de estos recursos que le corresponde a las regiones.

Para el caso de Casanare, se dispondrá de 120.000 millones de pesos que corresponden a un remanente de regalías de los años 2.012 y 2.014 para inversión en los municipios y se agilizarán los procesos de contratación para asegurar las obras que proyecten los alcaldes. Inicialmente el Departamento Nacional de Planeación girará al departamento $ 40.000 millones.

Sin afectar el marco fiscal de Mediano Plazo, la regla fiscal, el gobierno estudiará otros mecanismos de flexibilización del aplazamiento de las inversiones para promover la inversión regional, proteger el empleo y facilitar el cumplimiento de los planes de desarrollo de los actuales mandatarios seccionales.

Entre ellas figura el desembolso de los excedentes del Fondo de Pensiones Territoriales (Fonpet), que según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, suman 818.000 millones de pesos. Varios departamentos ya lo habían solicitado.

Las medidas en principio representan un alivio. Por lo menos es un salvavidas transitorio para asegurar la ejecución de unos recursos que son de las regiones y que el gobierno, en una actitud recentralista, le arrebató a las zonas productoras.