El Consejo de Estado Sección Primera, mediante Auto del magistrado Guillermo Vargas Ayala, consideró que a través de la norma se desconoce el principio de autonomía territorial.

Dicho argumento llevó a suspender provisionalmente el Decreto 2691 del 2014.

En su criterio, lo allí establecido da lugar a que los entes territoriales queden supeditados por completo a lo que establezca el Ministerio de Minas y Energía respecto a las disposiciones tendientes a la protección de los entornos naturales que puedan verse perjudicadas por el desarrollo de actividades extractivas en las áreas de su jurisdicción.

A su entender, el decreto es contrario al mandato impartido por la Corte Constitucional para que el marco institucional de protección del medio ambiente fuese el resultado del consenso entre los entes territoriales y el Gobierno Nacional.

Recordó que fue esa la condición que estableció la Corte Constitucional para considerar exequible el artículo 37 del Código de Minas (Ley 685 del 2001), que impide a municipios, distritos y departamentos excluir áreas del desarrollo de este tipo de actividades.

“En la manera como quedó diseñado el esquema constitucional colombiano a los entes territoriales se les debe garantizar no sólo un sistema de participación formal en este tipo de decisiones sino uno que materialice efectivamente que su voz sea valorada, ya que la actividad minera no sólo tiene implicaciones de índole político sino que desde el punto de vista social y económico tiene grandes e importantes repercusiones, como quiera que obliga a que sean las autoridades territoriales las que tracen políticas públicas derivadas de problemas como el aumento de la población, la alteración de las costumbres, la deserción escolar en jóvenes que ven en la minería la proyección de su futuro, el desplazamiento de la economía agrícola y pecuaria por la minera lo cual afecta el nivel alimentario, el aumento del costo de vida, alteraciones en los servicios requeridos por la población, la disminución de las fuentes de agua disponibles, etc”, señalan apartes de la decisión del Consejo de Estado.