En el marco de la reunión de la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, la Misión de Observación Electoral MOE, entregó a las autoridades 283 reportes sobre posible publicidad extemporánea.
Para la MOE, “esta información debe servir a las organizaciones políticas para la definición de los avales a entregar ya que resulta paradójico que candidatos, quienes deben ser ejemplo de moralidad y comportamiento legal, hayan comenzado a buscar distintas estrategias para burlar la normatividad electoral”.
Los cinco (5) departamentos con mayor número de reportes ciudadanos son: Tolima con el 17,7%, seguido de Antioquia con el 13,8%, Valle del Cauca 11,0%, Casanare 10,2% y Atlántico con el 8,5%.
En 90 municipios se han reportado irregularidades relacionadas con publicidad que no cumple con los tiempos establecidos en la ley.
En la siguiente tabla se observan los diez municipios de donde proviene la mayor información, en ese orden se encuentran: Ibagué (Tolima), Yopal (Casanare), Segovia (Antioquia), Calima – Darién (Valle del Cauca), Cartagena (Bolívar), Santa Marta (Magdalena), Itagüí (Antioquia), Villavicencio (Meta), Pasto (Nariño) y Tuluá (Valle del Cauca).
Según la MOE “Iniciar las campañas antes de los tiempos legalmente establecidos genera un desequilibrio en la contienda electoral debido a la supremacía que adquiere la capacidad económica de algunos pre candidatos y fuerzas políticas por encima de las propuestas”.
Reportes por cargos de elección popularDe los reportes recibidos a través de la plataforma web www.pilasconelvoto.com, se encontró que el 61,2% de las posibles irregularidades provienen de pre candidatos a las Alcaldías municipales y distritales, en segundo lugar se encuentran los aspirantes a la Gobernación con un 28,3%%. Finalmente, los posibles candidatos al Concejo Municipal y la Asamblea Departamental, tienen el 9,1% y 1,4% de reportes respectivamente.
Para la MOE es preocupante que esta posible publicidad extemporánea no está siendo reportada dentro de los gastos de campaña ante la autoridad electoral, por lo cual se desconoce el origen y monto de los gastos ejecutados en los actos de campaña dificultando de esta manera el control efectivo que pueden llegar a ejercer las autoridades electorales.