Tras solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de garantías ordenó la privación de la libertad en su lugar de residencia al expresidente de Fidupetrol Abel Guillermo Caballero Lozano como presunto autor intelectual del delito de tráfico de influencias.

El ente acusador sostuvo que en caso de haber quedado en libertad, el directivo podría influir en el debido proceso penal en su contra, con la posibilidad de salir del país o incluso no comparecer al juicio que se prepara en su contra.

Los hechos lo relacionan con el pago de 400 millones de pesos para incidir en la decisión de los magistrados de la Corte Constitucional en la revisión de una acción de tutela, la cual obliga a esta compañía al pago de 22.500 millones de pesos al departamento de Casanare, de acuerdo con sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia. Ante estas acusaciones, el expresidente Caballero Lozano se declaró inocente.

La detención en su lugar de residencia implica la obligación de comparecer cada vez que sea requerido por el tribunal y el monitoreo periódico del cumplimiento de la medida restrictiva de la libertad por parte del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).