La Procuraduría General de la Nación a través de la Regional Casanare confirmó la decisión en primera instancia mediante la cual destituyó e inhabilitó por 10 años para el desempeño de funciones públicas, al señor John Jairo Gutiérrez Mesa, en su calidad de jefe de la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Casanare, para el momento en que ocurrieron los hechos.

De acuerdo con el fallo sancionatorio, el señor Gutiérrez Mesa presentó a la Gobernación de Casanare copia del título que lo acreditaba como profesional en comunicación social de la Universidad Externado de Colombia, gracias a lo cual logró ser posesionado como jefe de la Oficina de Comunicaciones mediante acta del 5 de enero de 2016.

Sin embargo, luego de realizar las verificaciones pertinentes la Procuraduría evidenció que el contenido del documento aportado no correspondía a la realidad, pues la institución universitaria aseguró en repetidas ocasiones que el entonces funcionario no había sido alumno o egresado de esta, siendo por tanto imposible que su título fuera válido.

Con su conducta, tipificada como delito en el artículo 289 de la Ley 599 del 2000, el disciplinado defraudó el cumplimiento del perfil de competencias que se exigía para acceder al mencionado cargo público, por lo cual incurrió en falta disciplinaria gravísima dolosa.

Recordó el Ministerio Público que las exigencias de perfiles en los cargos no es caprichosa, pues se solicitan tomando en cuenta la perspectiva de las funciones y responsabilidades a cumplir, así como a las habilidades y experiencias que se esperan disponer para un eficaz y eficiente cumplimiento de las labores públicas.

Para el ente de control no fueron de recibo los argumentos del disciplinado quien explicó, que él ha ejercido como periodista desde hace más de 20 años, que en virtud de ello tiene experiencia y habilidades propias del oficio y, además, que está tramitando con la asociación profesional la validación universitaria de título y que al obtenerlo presentaría los papeles correspondientes.

Consideró la Procuraduría que esta razón no justifica su actuar, por cuanto el cargo que ejerció, tenía establecidos de manera previa y legalmente exigibles, unos requisitos de formación académica fijados por la administración departamental al tenor de los decretos nacionales 2484 de 2014 y 785 de 2005, los cuales desarrollan la Ley 909 de 2004, que reglamenta el mejoramiento de la calidad del ejercicio del empleo público.

Con su conducta el jefe de la Oficina de Comunicaciones infringió el orden disciplinario al “Suministrar datos inexactos o documentación con contenidos que no correspondan a la realidad para conseguir posesión, ascenso o inclusión en carrera administrativa”, como lo contempla el artículo 56 del Código Disciplinario Único.

Esta investigación disciplinaria se inició tras conocer una queja proveniente de la oficina de Talento Humano de la Gobernación de Casanare, en la cual se informaron presuntas irregularidades en la presentación de un título profesional emanado de la Universidad Externado de Colombia, con el fin de cumplir requisitos para acceder al cargo de jefe de la Oficina de Comunicaciones de este departamento.

Esta decisión de primera instancia quedó en firme por cuanto los sujetos procesales no interpusieron recurso contra la misma.