La Unidad de Investigaciones Especiales contra la corrupción de la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal contra Jhon Miller Domínguez Liévano, ex gerente de Acuatodos por la cuantía de 1.765.118.091 millones de pesos a título de culpa grave, en forma solidaria y a otros cuatro persona más involucradas en el contrato para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales para el desarrollo urbano del municipio de Recetor y el sistema de alcantarillado de la misma población.

El proceso de Responsabilidad Fiscal que inhabilita a Domínguez Liévano tiene que ver con una actuación especial de fiscalización a los recursos de regalías del Departamento de Casanare, la cual puso de presente presuntas irregularidades dentro de los hechos comprendidos en la ejecución de un convenio en el año 2009 entre la Gobernación y el Municipio de Recetor para desarrollar la obra en mención, donde se determinó que la PTAR no ha sido posible, ni podrá continuarse por fallas geológicas que existen en el lugar las cuales fueron advertidas por Ingeominas.

El convenio fue suscrito siendo Secretario Privado de la Gobernación Julio Flórez, Alcalde de Recetor, Gabriel Cocinero.

Dentro de los implicados como presuntos responsables también figuran José Andrés González Gómez, quien era Secretario de Planeación y Presidente de la Junta Directiva de las Empresas Públicas de Recetor; Helbert Heribert Niño Reyes Gerente de la Empresa Pública de Recetor, quien firmó el contrato, Jhon Miller Domínguez en su calidad de también Gerente de la misma empresa; César Federico Acevedo Cárdenas, Secretario de Obras y Miguel Ángel Becerra Vargas (hermano del Diputado Felipe Becerra Vargas) como contratista del contrato de consultoría 0136 de 20 de marzo de 2009.